"La transformación económica de ciertos países, como los que conforman la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA), es muy importante desde el punto de vista geopolítico, porque hacerlo mal sería peligroso y añadiría más tensión a una zona ya de por si delicada", apunta Simone Tagliapietra, investigador de Energía y Clima de Bruegel. La estabilidad es fundamental y las estrategias de descarbonización deben encontrar el equilibrio entre un futuro sin petróleo y el contrato social actual, basado en los ingentes ingresos energéticos.
El Acuerdo de París de 2015 abrió la hoja de ruta con un compromiso de actuar para limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C, aunque ahora cada vez más se habla de fijarlo en un aumento máximo de 1,5 °C. Esto debería reforzar las fuertes medidas de descarbonización que ya se implementan en diferentes partes del mundo.
Los legisladores de la Unión Europea han votado por una mejora de la eficiencia energética en un 32,5% y porque las renovables representen el 32% del presupuesto energético del bloque a partir de 2030. En España, la futura Ley de cambio climático que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez establece un plan actuación con dos referencias temporales, 2030 y 2050. El objetivo es tener un sistema eléctrico 100% renovable, la eliminación total de los coches contaminantes en 30 años, la prohibición del fracking y la descarbonización total.
Pero fuera de Europa la tendencia también se extiende. Precisamente, la ONU ha celebrado recientemente que las medidas implementadas en todo el mundo podrían permitir que el agujero de la capa de ozono se cierre del todo en 2060.
Para ayudar a conseguir los objetivos de París el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), apunta a la importancia de fijar un precio al carbono para contener el incremento de la temperatura. En septiembre de este año, 46 jurisdicciones nacionales y 25 subnacionales o locales habían implementado medias en este sentido. Iniciativas que cubrirían en conjunto alrededor del 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Existen dos tipos principales de fijación de precios del carbono: los sistemas de comercio de derechos de emisión y los impuestos sobre el carbono. La idea es que un precio más alto del carbono hará que suba el precio de los bienes derivados, desincentivando su uso y consumo.
En este punto surgen dos dos cuestiones añadidas: el hecho de que cada región y cada país implementan estos paquetes de medidas de forma desigual y el tradicional vínculo entre crecimiento económico y contaminación. La tendencia se ha invertido en las economías más avanzadas pero no así en el resto y es fundamental para el equilibrio económico de las economías emergentes y en desarrollo, pero también para la estabilidad social y política, especialmente en zonas tradicionalmente complicadas como la región MENA.
La especialista de cambio climático del Banco Mundial, Celine Ramstein, considera que este tipo de medidas son efectivas y en 2017 ya supusieron ingresos por valor de 33.000 millones de euros. Sin embargo, incide en que es necesario ir más allá y entre otros retos apunta a la necesidad de establecer un precio mínimo de entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para cumplir los objetivos de París.