Volkswagen pagará 14.700 millones de dólares en Estados Unidos por el escándalo de las emisiones, según el acuerdo al que han llegado la automovilística y las autoridades.

Los detalles del acuerdo, que es provisional y no será público oficialmente al menos hasta que el tribunal de San Francisco que supervisa el caso celebre una vista pública el próximo 30 de junio, han sido filtrados a varios medios de comunicación estadounidenses.

De los casi 15.000 millones de dólares, unos 10.000 millones estarán reservados para que Volkswagen compre los vehículos trucados, otros 2.700 irán a la Agencia de Protección Ambiental en compensación por el daño ambiental provocado por los vehículos trucados, y otros 2.000 para que la automovilística desarrolle proyectos de nuevos vehículos limpios.

Los propietarios de los casi 500.000 vehículos equipados con motores diesel de 2 litros y afectados en EEUU deben decidir si quieren que el fabricante les compre los automóviles o si se los quedan con la solución que los ingenieros de la empresa han desarrollado para que cumplan las leyes medioambientales del país.

El problema de los motores diésel trucados, es que emiten óxidos de nitrógeno, un producto cancerígeno, en niveles muy superiores a los permitidos por las autoridades estadounidenses.

Andalucía abre un expediente a Volskwagen

En España, Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la alemana por las emisiones después de recibir cerca de 800 denuncias tramitadas por la asociación de consumidores Facua, que cifra en 700.000 vehículos manipulados vendidos en España. Según fuentes de la Consejería de Salud, de la que depende Consumo, el expediente está en una fase incipiente.

Con esta decisión, el organismo andaluz se convierte en la primera autoridad de consumo autonómica que incoa expediente sancionador por este fraude masivo. En sus denuncias, el colectivo señala que las emisiones contaminantes camufladas "vulneran ampliamente" la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por varios motivos, entre los que destaca, el uso de prácticas comerciales desleales o "la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad". Según Facua son más de 40.000 los consumidores que forman parte de su plataforma de afectados.