El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a Francia. El país galo tiene derecho a iniciar un procedimiento contra los responsables locales de Uber por tratarse de un servicio ilegal de taxis.
Este caso se refiere al uso que hace la compañía de transporte de conductores sin licencia como parte del servicio UberPOP. Desde la primera denuncia el servicio fue suspendido, pero no afecta a las otras operaciones de Uber en el país.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europa: "Los estados miembro pueden prohibir y sancionar, el ejercicio ilegal de actividades de transporte en el contexto del servicio UberPOP, sin notificar a la Comisión antes del proyecto de legislación."
El argumento de Uber estaba basado en que Francia debería haber buscado la aprobación de la Comisión Europea para una nueva ley del taxi, que contenía medidas sobre el servicio de taxis y aplicaciones de movilidad. Una de estas medidas señalaba que solo los taxis oficiales podían usar la geolocalización para mostrar los coches disponibles.
Como Francia no solicitó la aprobación de la Comisión, Uber argumentó que los cargos penales presentados contra dos de sus responsables franceses no eran válidos.
"Este caso se trata de una ley francesa de 2014 que debería haber sido notificada previamente a la Comisión Europea y relacionada con los servicios P2P que detuvimos en 2015", ha declarado una portavoz de Uber. "Como ha dicho nuestro nuevo CEO, es apropiado regular servicios como Uber y entonces continuaremos el diálogo con ciudades de toda Europa".
Uber, que permite a los usuarios realizar un recorrido a través de una aplicación en sus smartphones, ha sacudido a la industria tradicional de taxis desde su lanzamiento en Europa en 2011, lo que ha provocado protestas y enfrentamientos con las autoridades locales.
Aunque, recientemente adoptó un enfoque más conciliador, y suspendió de manera voluntaria sus servicios en algunas ciudades para cumplir con la legislación local. También se ha visto obligado a abandonar países como Dinamarca y Hungría.
El TJUE ha dictado que, dado que Uber estaba ofreciendo un servicio de transporte en virtud de la legislación de la UE, no se tenía que aplicar la obligación de notificar a la Comisión con antelación.
La decisión de este martes se suma a la decisión anterior del tribunal que clasifica a la compañía como un servicio de transporte y, por lo tanto, lo despoja de las protecciones contra la regulación nacional indebida que disfrutan los servicios digitales en virtud de la legislación de la UE.
El año pasado, Londres consideró que Uber no estaba en condiciones de administrar un servicio de taxi y le quitó la licencia para operar. Uber inició entonces un proceso de apelación que todavía sigue en curso.