El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, ha afirmado que los "pasos" que está adoptando el Gobierno en materia de automoción pueden tener un "impacto laboral negativo y ha recordado que en las fábricas españolas de automoción trabajan 100.000 personas, a las que hay que añadir otras 200.000 vinculadas al sector.
Para la patronal de los concesionarios, Faconauto, introduce incertidumbre a la hora de decidir la compra y también puede afectar al empleo como ha explicado en Capital Radio su director de comunicación, Raúl Morales
La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas, ANIACAM, considera que el anuncio hecho por el Gobierno significa introducir un factor de inestabilidad en el sector del automóvil. El presidente de esta asociación, Germán López Madrid, considera que la ley "no deja de ser una utopía difícilmente realizable, a fecha de hoy, porque partir de un parque actual de 24 millones de vehículos de combustión y sustituirlos por vehículos exclusivamente eléctricos es prácticamente imposible".
Oposición sindical
El responsable de automoción de CCOO, Joaquín Ferreira, ha pedido hoy al Gobierno que no sea un "inquisidor ecológico" contra el automóvil y que evite poner fechas a la desaparición de los motores de combustión tradicional.
El portavoz de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha asegurado que el negocio automovilístico en Europa va a cambiar en los próximos años por el impacto del coche eléctrico y el vehículo autónomo, y conllevará una reducción de las plantillas actuales.
La norma prohíbe desarrollar actividades de "fracking" para la explotación de hidrocarburos y prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles.
La Ley
El Gobierno quiere establecer por ley que a partir de 2040 no se permita la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones "directas" de dióxido de carbono, entre ellos todos los coches de diésel y de gasolina.
Así se recoge en el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Según las previsiones con las que trabaja el Gobierno, en 2050 estará prohibida la circulación a todos los turismos que emitan de forma directa dióxido de carbono.
La norma que prepara el Ejecutivo incide en la importancia de promocionar la movilidad "sin emisiones" y en que éste es uno de los cambios más relevantes que se deben acometer durante las próximas décadas para conseguir la completa "descarbonización" de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.
Para ello, el borrador de la ley que prepara el Gobierno fija como objetivo alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono, y plantea que a partir de 2040 ya no se permita la matriculación y venta de ese tipo de turismos.
La ley establece además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tengan que contar con "zonas de bajas emisiones" antes de 2023.
Respecto al transporte por carretera, el Gobierno prevé elaborar un estudio sobre el establecimiento de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.
La norma sobre cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno espera, además, fijar como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos y en función de su volumen de ventas.
La propuesta del Gobierno, han explicado fuentes del Ministerio, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en 2050 ya no podrán circular.
Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según la misma fuente, que ha precisado que Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.