El fondo australiano IFM asume las ocho condiciones impuestas por el Gobierno de España para sacar adelante la opa lanzada sobre el 22,7% del capital de la energética Naturgy, por unos 22,07 euros por acción.
En un período de cinco años, Naturgy debe mantener su domicilio fiscal en España, además de gran parte de la plantilla de la empresa. Respecto a transición ecológica, el fondo deberá apoyar todos los proyectos de inversión verdes de la energética.
Asimismo, las principales condiciones del acuerdo son el apoyo de IFM a una política de dividendos responsable durante cinco años y la prohibición de votar en contra a la exclusión en el mercado de la empresa a lo largo de tres años. La compañía australiana tampoco estará autorizada para apoyar la venta de acciones que pongan en peligro las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España.
El pasado 3 de agosto, cuando el Ejecutivo lanzó la propuesta, el fondo australiano se mostró ampliamente satisfecho con las medidas impuestas por el gobierno español y, por ello, no sorprende la ratificación de hoy.
Posibles repercusiones de la opa
Desde cuándo y por qué
El origen de la oferta pública de adquisición se remonta a enero de este año, cuando fue lanzada por IFM Investors, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo. La propuesta se realizó por el 22,69% del accionariado de la energética a un precio de 23 euros por acción. Inicialmente, el valor de la transacción se elevó hasta casi los 5.000 millones de euros, pero se vio reducido el pasado lunes como consecuencia del dividendo a cuenta de 0,30 euros brutos que la energética pagó a sus accionistas el 4 de agosto, y teniendo en cuenta también el dividendo abonado por Naturgy el 17 de marzo de 0,63 euros por acción.