Banco Popular negocia las ofertas que han presentado las grandes entidades para elegir una de ellas, con el inconveniente de que ninguna cumple las expectativas de la nueva dirección. Ante esta tesitura, desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria son conscientes de que son el último recurso de Banco Popular, y que debido al tamaño del banco y a la normativa (a través del real decreto 1012/2015) será necesario (y obligatorio) intervenir la entidad.
La idea que manejan desde el FROB es incluir a Banco Popular en la fusión entre BMN y Bankia, de manera que se venda a Bruselas una operación en la que, “como resultado de las sinergias”, se cree una entidad con potencial para devolver las ayudas que se le hayan podido prestar, aunque deban darse nuevos plazos para esas devoluciones. Bankia cuenta con una suma de liquidez importante, y podría hacer frente al agujero de Banco Popular, con quien además el negocio sería complementario. Además, la propia Bankia ya provisionó el pasado año casi 6.000 millones más de lo que "teóricamente" necesitaba, con lo que tendría un colchón listo respecto a los activos de Popular. La unión de las tres entidades les convertiría en el principal banco español en cuanto a cuota de mercado, situándose como líder indiscutible por número de clientes y en el sector de pymes, pero tendría que lidiar con los más de 36.000 millones de activos con que cuenta Banco Popular. Algo que obligaría todavía a provisionar cerca de 4.500 millones de euros a la entidad que preside Emilio Saracho (aunque podrían estar descontadas en las provisiones de Bankia)
Hasta la fecha, Banco Popular ha sondeado al mercado para evitar una nueva ampliación de capital que, dados los activos que necesita provisionar (a lo que se suma la liquidez necesaria para continuar operando), rondaría los 4.200 millones de euros. Desde hace un mes JP Morgan y Lazard mantienen un continúo intercambio de información con numerosas entidades (incluso extranjeras) tratando de encontrar una oferta que satisfaga a la actual directiva de Banco Popular, que considera insuficiente cualquier propuesta por debajo de los 3.000 millones de euros. Y con ese baremo juegan las entidades.
Banco Santander, según sus propios ratios de rentabilidad (por encima de los que no está dispuesto a pasar), ha presentado una oferta por algo más de 2.700 millones, con la intención real de que la oferta sea rechazada. Además, los problemas entre Emilio Saracho (nuevo presidente de Banco Popular) y Ana Patricia Botín (presidenta de Banco Santander) traspasan la frontera de lo laboral y van hasta el terreno personal (Saracho fue “jefe” de Botín a finales de lo 1980, cuando ocupo el cargo como director general adjunto de Santander en Madrid, e ideó el germen de lo que luego sería Santander Investment).
BBVA, por su parte, ha recibido la negativa del Gobierno cuando ha preguntado por la posibilidad de que en la oferta se acepten los llamados EPA's (Esquemas de Protección de Activos). Sin esa protección, que se haría a través de fondos públicos (motivo por el que se niega el Ejecutivo), la oferta de la entidad que preside Francisco González tampoco está dispuesta a afrontar la compra de Banco Popular, y su oferta también baja de los 3.000 millones de euros.
Sabadell y Caixabank, por su parte, están inmersos en sendos procesos de absorción de TSB y BPI respectivamente y, aunque una fusión o una compra con Banco Popular les otorgaría una importante cuota de mercado y les convertiría también en líderes del negocio de pymes en España, el problema que surge con las provisiones que todavía debe realizar Popular supone un abismo difícil de salvar.