Los afectados que vieron cómo su deuda se disparaba tendrían que devolver el valor calculado en euros de la hipoteca que habían pedido en un primer momento si el Tribunal Supremo no cambia su postura inicial. Se encuentran protegidos por la normativa de protección al consumidor y a partir de 2007 también por MIFID (Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros). Estas bases legales son las razones que Pau Montserrat esgrime para asegurar que la jurisprudencia que se establecerá mañana no será distinta de la resolución anterior.
El economista de Futur Legal también se ha pronunciado sobre la propuesta del Gobierno para una nueva ley hipotecaria que debería entrar en vigor en el primer trimestre de 2018. Su propósito es evitar los escándalos bancarios producidos durante la burbuja del ladrillo. Montserrat considera que la protección al consumidor de la ley sería insuficiente para prevenir el problema concreto de las multidivisas. Una de las claves del Anteproyecto de Ley es el traspaso de responsabilidades a los notarios y no una prohibición de cierto tipo de productos. Para la concesión de las hipotecas se requeriría un documento notarial que acreditase que los clientes conocen perfectamente los riesgos de aquello que están firmando.