Reuters.- La Guardia Civil registraba este miércoles varias sedes de la Generalitat de Cataluña como parte de una operación judicial en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre en la que también fue detenido el secretario de Economía del gobierno autonómico, Josep María Jové. Otras 13 personas han sido detenidas según fuentes policiales.
Los agentes del instituto armado accedieron a primera hora de la mañana a las consejerías catalanas de Economía, Gobernación, Exteriores y Bienestar y Familia, además de a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y a la de Hacienda.
El Ministerio del Interior español dijo que se trata de un dispositivo ordenado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para recopilar pruebas e indicios de investigación en relación con la convocatoria del referéndum secesionista, al que se opone el Ejecutivo español y que está paralizado por el Tribunal Constitucional.
"Es una operación que se ha hecho por decisión del juez. Es una operación judicial que se hace para garantizar que se cumple la ley", dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que fue preguntado en varias ocasiones por las actuaciones en Cataluña.
La operación tiene lugar un día después de que la Guardia Civil se incautara de documentación relacionada con el censo para la consulta, contra la que el Gobierno central ha prometido actuar con toda la maquinaria judicial a su alcance.
El presidente de la Generalitat, Carles Puidemont, ha convocado una reunión de urgencia el miércoles con el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de la Presidencia, Jordi Turull.
El choque institucional, que ha llevado a la intervención de las cuentas de la región, ha cobrado fuerza en los últimos días, con numerosas iniciativas judiciales y policiales tendentes a paralizar un proceso que enfrenta también a la sociedad catalana.
En Barcelona, cientos de personas se concentraban ante la Consejería de Economía de la Generalitat en protesta por la operación, portando banderas independentistas y con gritos como "No pasarán" y "Votaremos", dijo un fotógrafo de Reuters presente en el lugar.
RESPUESTA DE LA UE
Tras las últimas actuaciones judiciales, el consejero de Exteriores de la Generalitat, Raúl Romeva, pidió la respuesta de Bruselas ante lo que calificó como un "verdadero estado de excepción".
"Es momento de oír algo de la Unión Europea", dijo Romeva, en declaraciones durante un encuentro con periodistas extranjeros en Madrid, en el que aseguró que el Gobierno autonómico mantiene la determinación de continuar con la organización del referéndum.
Las fuerzas policiales se habían incautado ya en los últimos días de más de un millón de carteles y propaganda a favor del sí en la consulta.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo en su cuenta de Twitter "es un escándalo democrático que se registren instituciones y se detengan cargos públicos por motivos políticos".