La Fiscalía General del Estado ha presentado dos querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra los responsables de la declaración unilateral de independencia aprobada el viernes por el Parlament.
La primera de ellas, presentada ante la Audiencia Nacional, se ha dirigido contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 concellers. La segunda, ante el Tribunal Supremo, ha sido dirigida hacia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa por autorizar la votación de la declaración independentista.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, lo ha confirmado en una comparecencia tras haber cancelado la conferencia que tenía previsto dar esta tarde en el Club de Encuentro Manuel Broseta en Valencia, anunciando que el Ministerio Público actúa en defensa de la legalidad y del interés público. Maza ha asegurado que desde el gobierno catalán se ha actuado “con total desprecio a la Constitución” desde que iniciaron el proceso independentista.
La razón de que se presenten dos querellas por separado, está en las diferentes situaciones legales en las que se encuentran los promotores del proceso independentista. Ahora, y tras su cese debido a la puesta en marcha del artículo 155, Puigdemont y los miembros de su Gobierno han perdido la condición de aforados mientras que los miembros de la Mesa la mantienen.
El delito de rebelión, tipificado en el artículo 472 del Código Penal, establece penas de cárcel entre 25 y 30 años para los cabecillas de este tipo de delitos, dependiendo de si han utilizado o no la fuerza. La primera consecuencia de las querellas será la citación de las personas contra las que se dirija para tomarles declaración, así como su detención si deciden no presentarse.