El decreto que lanza el gobierno desarrolla la llamada Ley de Desindexación, que entró en vigor en abril de 2015 pero que no se desarrolló por haber estado el gobierno en funciones prácticamente hasta ahora. Como explica el doctor en economía Juan Ramón Rallo, con las nuevas modificaciones, los precios públicos quedarán desindexados, es decir, una subida de la inflación no obligará a una subida salarial obligatoria, salvo en ciertos sectores. Algunos precios bajarán movidos por la competencia o de forma obligatoria, aunque todavía está pendiente el desarrollo de la ley. Pese a todo, la inflación subyacente sigue subiendo. Una inflación que excluye los precios de la energía y ciertos alimentos, y estará menos sometida al control de la nueva ley.