Las pensiones subirán un 0,25% en 2018 según el plan presupuestario remitido ayer por el Gobierno a Bruselas. Se trataría por quinto año consecutivo del mínimo establecido por ley. Desde que en 2013 se desligara la subida de las pensiones de la evolución del IPC, no se han vuelto a revalorizar de ninguna forma, manteniéndose en el mínimo.


Asegura Mª Carmen Barreras, Secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de UGT a Capital Radio, que esta noticia se podría considerar como una congelación de facto si se tiene en cuenta el IPC previsto tanto para el 2018 con un 2%, como el referido a los próximos 10 años. Los pensionistas estarían perdiendo un poder adquisitivo cada año, que podría llegar al 20% en 10 años, algo que teniendo en cuenta las pensiones más habituales que rondan los 600€ en España, “condenaría a la gente a la miseria”.


Con la falta de los nuevos presupuestos, asegura, se pierde una oportunidad para cambiar las políticas a un sesgo más social que se ocupe más del aumento de la pobreza y la desigualdad además de adaptarse a la crecida del PIB. Respecto a la situación de déficit de la Seguridad Social que asegura está directamente relacionada con las reformas y recortes que el Gobierno llevó a cabo en los primeros años de la crisis en beneficio de las empresas, considera necesario un cambio urgente de modelo.



Preguntado por cómo debería cambiarse ese modelo, aseguraba Carlos Bravo, Secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, que se deberían sacar las pensiones del debate a corto plazo, y construir consensos políticos y sociales en las medidas que deben ir reforzando el sistema de pensiones. Entiende que es necesario recuperar la confianza a través de un primer acuerdo con el objetivo de reforzar la estructura de ingresos del sistema aumentando también los recursos procedentes de los Presupuestos Generales.



El Gobierno considera también una previsión de crecimiento del PIB de 2,3% para 2018, tres décimas por debajo del primer pronóstico, como consecuencia de la crisis catalana, la moderación del ciclo económico y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.