Según recoge Adecco en un informe con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un 61% de las víctimas se encuentra en situación de desempleo; es uno de los dramas que esconde la violencia de género.
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Aunque desde Adecco señalan que no existe un perfil sociodemográfico de mujer víctima de violencia de género, porque es un problema que afecta por igual en todos los estratos económicos y socioculturales, los datos muestran que la dependencia económica tiene un papel determinante, por el que la víctima no consigue romper el vínculo con su agresor.
Desempleo y precariedad económica
Las cifras que arroja el estudio de Adecco muestran que además, de ese 61% de víctimas que no tienen empleo, un 50,6% está en situación de paro de larga duración.
Del 19,8% de las encuestadas que tiene un empleo, una amplia mayoría, el 69,4% lleva menos de 1 año teniendo trabajo y solo un 30,6% lleva más de 2 años.
Al ser preguntadas con qué situaciones se identifican, un 72,3% señala la precariedad económica y hasta un 85% dice encontrarse en dificultades para llegar a fin de mes. A ello se suma que un 56,3% cita la baja autoestima, dentro de los factores que les afectan.
La estabilidad de un empleo, necesaria
Es lo responde la mayoría (68,4%) cuando se les pregunta qué es lo que más valoran de un puesto de trabajo, seguido de una mayor autonomía e independencia, que es algo que citan el 52% de las encuestadas.
Otro problema grave que les afecta a la hora de conseguir poner fin a su situación de maltrato es que el 48,6% desconoce sus derechos laborales como mujeres víctimas de violencia de género.
Hasta 6 de cada 10 mujeres víctimas cree que de haber tenido un puesto de trabajo en el momento en que comenzó la situación de violencia, todo habría sido diferente. De hecho, el 66,7% asegura que el empleo le ha ayudado a superar la situación de violencia.
Un aumento alarmante
Según recoge Adecco, en 2018, los juzgados españoles recibieron un total de 166.961 denuncias por violencia de género, la cifra más alta desde que el Consejo General del poder Judicial contabiliza los datos.
Esto supone un aumento del 0,4% en comparación con el año anterior y un 34% más de denuncias en los últimos 5 años.
Pero los expertos señalan que, a pesar de ese aumento en las denuncias, todavía son muchas las que no pueden dar el paso de acudir a las autoridades.
Entre ellos, miedo a la reacción del agresor, pero también su precaria situación económica, la vergüenza de reconocer lo tolerado, la maternidad (casi la mitad de las 51 mujeres que han sido asesinadas por su parejas o exparejas en lo que va de 2019 tenía algún hijo o hija menores de edad) o la inseguridad jurídica.