El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia. El motivo son las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México, por valor de 750 millones de euros, que habrían supuesto, según el juez "una auténtica operativa de desfalco". A todos ellos les impone una fianza conjunta solidaria que asciende a más de 1.400 millones de euros.
De Egea envía a juicio a los 48 exdirectivos al considerarles responsables de un delito societario continuado o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.
Entre 2005 y 2009, Bancaja, una de las siete cajas que actualmente integra Bankia, y Banco de Valencia, absorbida por Caixabank, participaron en inversiones inmobiliarias "diversas y de una enorme magnitud económica" en Baja California y Rivera Maya, formando parte del llamado Grupo Grand Corald.
Los dirigentes de los dos bancos habrían permitido o facilitado una operativa de desfalco de las entidades que fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch, con beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.
Banqueros que han sido encarcelados
No son los primeros exdirectivos que se ven envueltos en un escándalo legal, ni mucho menos. El caso más reciente, el del expresidente de Caja Madrid y Bankia, exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y exdirector del FMI, Rodrigo Rato; está en prisión después de que el Tribunal Supremo confirmase el pasado 3 de octubre su condena a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black. Por ese caso también resultaron condenados nombres como el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno o el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, condenado a dos años cada uno. Por cierto que Rato está pendiente de otro juicio por una presunta estafa en la salida a Bolsa de Bankia, que comenzará el próximo 26 de noviembre.
Rato es el segundo presidente de una entidad financiera que entra en prisión en España, en relación a los escándalos por la gestión de los bancos y cajas de ahorro, tras el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, que salió en 2013 de la cárcel madrileña de Navalcarnero después de pagar una fianza de 1,5 millones de euros. Estuvo apenas una semana. Estaba acusado, junto a varios empresarios y otro directivo de la CAM, de montar una estructura con empresas pantalla en Panamá, las Islas Vírgenes y las Antillas Holandesas, ideada para captar financiación de la caja -más de 200 millones de euros- con el objetivo de adquirir activos hoteleros en México y República Dominicana, para a continuación desviar los fondos procedentes de la facturación y los beneficios de esos activos a sociedades también domiciliadas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. Todavía no hay sentencia.
El ex director general de la CAM está implicado en los diferentes procesos judiciales en torno a la caja. En 2016 fue absuelto por el Tribunal Supremo en el caso de las dietas a exdirectivos de la entidad, pero en 2017 la Audiencia Nacional lo condenó a tres años de prisión, junto con la otra ex directora general, María Dolores Amorós, en un caso de la falsedad contable del banco y falsedad de información a los inversores.
También dentro de la CAM, el expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro irregular de 600.000 euros en dietas en Tinser Cartera, sociedad participada por la entidad. Pactó eludir la cárcel, al aceptar una condena de nueve meses de prisión y se comprometió a devolver los 600.000 euros que se embolsó de forma irregular.
Los otros 20 acusados —ahí también el exdirector general Roberto López Abad y 19 exconsejeros— mantenían su inocencia y ejercieron su defensa en el juicio. Quedaba visto para sentencia el pasado 3 de julio. Para López Abad la fiscalía pedía 4 años de prisión.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que había sido condenado a seis años de prisión, no llegó a cumplir la sentencia porque se suicidó el 19 de julio de 2017.
Narcís Serra afronta desde el pasado mes de octubre un largo juicio por los aumentos de sueldo cuando era presidente de CatalunyaCaixa. La Fiscalía Anticorrupción mantiene el pulso contra Serra, y otros 40 directivos de la entidad, y solicita para él que sea condenado a cuatro años de cárcel.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ingresó en prisión provisional en abril de 2016 por el caso Ausbanc. La Fiscalía pide para él 118 años y medio de cárcel por liderar presuntamente una campaña de extorsión contra empresas, bancos y asociaciones.
Julio Fernández Gayoso: Expresidente de Novacaixagalicia y uno de los cinco directivos de esa entidad condenados a dos años de cárcel por las indemnizaciones millonarias que se asignaron a sí mismos antes de dejar el banco y en plena crisis, por unos 22 millones de euros. Entraron en la cárcel en 2017, pero Fernández Gayoso fue excarcelado en julio de ese mismo año tras haber cumplido la cuarta parte de su condena y haber devuelto el dinero apropiado, debido a su edad (85 años) y a su delicado estado de salud. El juez de Vigilancia Penitenciaria le impuso la realización de actividades de voluntariado.
Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla La Mancha, fue condenado en 2016 por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable al manipular las cuentas del banco, que fue intervenido en marzo de 2009. Fue la primera intervención bancaria de la crisis.
Ricard Pagès: Ex director general de Caixa Penedès, fue condenado en 2014 junto a otros tres exdirectivos a penas de hasta dos años de cárcel por administración desleal al concederse blindajes salariales millonarios.
Dentro del Banco Popular, sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, han recibido cuatro querellas, admitidas por la Audiencia Nacional hace un año, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros. El juez investiga la quiebra del banco y su posterior compra por parte del Santander al precio de un euro.
Mario Conde es uno de los nombres más conocidos. El Banco de España intervino en 1993 la entidad que presidía, Banesto. Fue condenado en los casos Banesto y Argentaria Trust por apropiación indebida, estafa y falsedad, y en 2005 recibió el tercer grado penitenciario. Sin embargo, en 2016 fue detenido de nuevo en el marco de una investigación por el blanqueo de dinero procedente del caso Banesto. Conde logró salir de la cárcel tras pagar una fianza de 300.000 euros. La causa está archivada, pero hace unos días la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido esa decisión de la Audiencia Nacional al considerar que se trata de un cierre de instrucción "en falso" y "prematuro"; por ello quiere que se siga indagando acerca de la repatriación de 13 millones de euros a España al considerar que provienen de fondos de la entidad quebrada, de Banesto.