El principal punto del plan es el restablecimiento del impopular impuesto a las operaciones financieras o Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CPMF). Podría permitir recaudar unos 32.000 millones de reales el próximo año, una vez aprobado por el Congreso, que ahora se opone a nuevos tributos.
El recorte de gastos afecta a programas de salud y vivienda, inversiones en infraestructura y subsidios agrícolas; además de salarios y bonificaciones para empleados públicos.
Por otro lado, el Ejecutivo reduce los subsidios fiscales a la industria química, recorta los reembolsos a exportadores de productos manufacturados en 2.000 millones de reales y eleva el impuesto a las ganancias de capital hasta un 30%, para generar unos 1.800 millones de reales.
Todas estas medidas van encaminadas a acortar un déficit de 30.000 millones de reales y alcanzar un superávit primario de un 0,7% del PIB.
Estos recortes de gastos también incluyen la eliminación de 10 ministerios federales de Brasilia, una medida simbólica que permitirá ahorrar 200 millones de reales. Los recortes serán un trago amargo para el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, que se resistía a aplicar al tijera a los programas sociales.
El Ministro de Finanzas de Brasil, Joaquim Levy, asegura que son tiempos difíciles: