El artículo 33.3 del reglamento general del recaudador establece que "Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago". La Hacienda Central realizará una inspección si no conoce la cantidad que se le debe y cobrará lo calculado con la sanción.
Tanto las 500 empresas públicas catalanas como las empresas privadas fueron instadas a firmar un convenio este verano con la ATC para el pago del Impuesto de Sociedades, IRPF, IVA e impuestos propios a la hacienda catalana. El Ministerio de Hacienda ya advirtió el 4 de septiembre en un comunicado de que habría sanciones y consecuencias penales para las empresas y particulares que no ingresaran sus impuestos en la AEAT. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es ya de por sí deudor del Estado, prometió responsabilizarse del pago de las sanciones si se produjeran.
El abogado y asesor fiscal añade que en caso de que se produjera una inyección de liquidez derivada de un supuesto cobro de impuestos, estos se producirían a partir del 20 de Octubre. Antonio López Poza considera además que ninguna empresa privada dejaría de pagar impuestos al estado español. En su análisis, Antonio López Poza denomina la intención de cobrar los impuestos estatales una "provocación" por parte de Cataluña.
En cuanto a su opinión respecto al referéndum, plantea la duda de "cómo un gobierno que promueve que su pueblo emprenda acciones ilegales puede pretender recaudar impuestos después".