El organismo considera que Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya, sería responsable del desvío de dinero público para financiar la consulta de 2014. La cantidad que el expresidente debe devolver ascendería a 5,11 millones de euros. En el caso de que el expresidente catalán no ingresara la cantidad estimada se procedería al embargo de sus bienes hasta el valor de la cuantía exigida. Según Ignacio Fuster Fabra, socio-director de Fuster Fabra abogados, se evitaría el desvío de estas deudas a un tercero.



El Tribunal de Cuentas se compone por un pleno de 12 consejeros entre los que se cuenta un presidente y un fiscal. El Tribunal realiza informes, memorias o mociones cuando encuentran ilegalidades en la financiación y según el abogado "los remite a entidades de carácter público que deban tener conocimiento de cómo se han llevado las cuentas del Estado". Entre ellas se podrían encontrar las Comunidades Autónomas y las Cortes Generales.

6 miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y otros 6 por el Senado por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Ignacio Fuster Fabra defiende que se trata de un órgano independiente debido a estos requisitos. Al mismo tiempo reconoce que ha soportado presiones contra otras investigaciones como las de casos de corrupción o las relativas a Cataluña.