El autor del informe, Kenneth Haar, explica en Entre Líneas que en los tres últimos años Bruselas “ha planteado obstáculos en la regulación en el ámbito de las ciudades mediante la adopción de una interpretación muy restrictiva de la legislación europea existente”. Esa es la principal arma con la que cuenta el lobby al que pertenece la compañía estadounidense en su ofensiva sobre la capital europea.
Fuentes de la Comisión Europea “desmienten totalmente” a Capital Radio que den trato de favor a ninguna plataforma o lobby y aseguran que “el trabajo con los Estados Miembros y partes interesadas sigue adelante con la idea de llegar a una serie de principios para todos en materia de alquileres de corto plazo como es el caso”.
Sin embargo, Haar asegura que la postura de la Comisión se enmarca en el apoyo de Bruselas a la economía colaborativa bajo la premisa de que “llevará al crecimiento, a crear muchos puestos de trabajo y a la innovación”. En su opinión, esto deja de lado las preocupaciones sobre la vivienda asequible y la subida de los alquileres que parecen “una especie de problema secundario”.
Precisamente, una de las claves de este debate es la clasificación de las plataformas de alquiler vacacional dentro de la etiqueta economía colaborativa. El Observatorio Empresarial Europeo entiende que se trata realmente de una compañía que ofrece un servicio y Airbnb está ya lejos de su idea original. Según los datos del informe, el 43,5% de los anfitriones asegura que el apartamento o la casa alquilada no es su residencia principal ni secundaria, como una casa de verano, y el 75% de los encuestados alquilan durante más de 3 meses al año. Además, el 21% de los encuestados gana entre 10.000 y 20.000 euros al año con el alquiler vacacional en la plataforma, mientras que el 19,2% gana más de 20.000 euros anuales.
¿Cómo regular el alquiler vacacional?
Para Kenneth Haar la solución regulatoria debe venir de los propios municipios, ya que entiende que los gobiernos locales son quienes más conocen la realidad de las ciudades. Algo que ya han hecho algunas capitales como París, Berlín o Ámsterdan, mientras que en España los casos más destacados son Madrid y Barcelona.
El Ayuntamiento de Manuela Carmena acaba de anunciar un Plan Especial para la regulación de los alojamientos turísticos, que pasará próximamente por la Junta de Gobierno para aprobarse definitivamente antes de que termine el año en la cámara de la capital. El concejal y delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, explica a Capital Radio que el objetivo es que las viviendas de uso turístico cumplan los mismos requisitos que los hoteles, hostales y demás alojamientos, además de “preservar el uso residencial” en las áreas centrales de la ciudad.
La implantación del plan pasaría por dejar fuera al 95% de las viviendas turísticas del distrito Centro al exigir, entre otros requisitos, un acceso independiente desde la calle. El borrador del proyecto divide la ciudad en cuatro áreas y en las dos primeras, que incluyen los barrios más céntricos, se prohíbe abrir cualquier vivienda turística en edificios de uso residencial salvo que se cumplan determinadas premisas como la del acceso independiente.
La alcaldía trata de regular el alquiler de aquellas casas que se alquilan durante más de 90 días al año. “Fijamos los 90 días porque es el periodo que fija el decreto de 2014 de la Comunidad de Madrid. Difícilmente se puede justificar alquiler no profesionalizado si se alquila más de 90 días al año” explica Calvo.
Los intentos de regular la complicada maraña del alquiler vacacional han salido hasta ahora de las ciudades, pero aunque lo hagan conforme a sus competencias sus medidas podrían acabar recurridas. María Jesús Serrano Conde, socia de Serrano Alberca & Conde, considera que esta forma de actuar “es un desorden” y entiende que “no se puede prohibir la actividad sin haber estudiado antes el fenómeno en todas sus variables”.
A falta de ver hacía donde se encamina definitivamente la normativa europea al respecto, de momento las regulaciones que están elaborando las ciudades no chocan directamente con las reglas actuales. En el caso de Bruselas, Haar reconoce que la mayor dificultad en este sentido viene ahora de la compatibilidad de las nuevas normas con las Directivas de E-Commerce y de Servicios. Bajo la primera, plataformas como Airbnb no tiene obligación de trabajar conjuntamente ni compartir datos con las autoridades europeas, mientras que la segunda dificulta establecer restricciones como la imposición de un número máximo de días bajo el formato de alquiler vacacional.