El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que el lunes iniciará su tramitación en las Cortes, donde tiene que recabar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto.
Este Presupuesto está elaborado con una meta de déficit del 0,3 % del PIB para la Administración Central y del 0,9 % para la Seguridad Social, dentro del objetivo global para el conjunto de las administraciones del 1,3 % del PIB, que finalmente no ha podido ampliarse al 1,8 % que planteaba el Gobierno por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
La titular de Economía, Nadia Calviño, ha explicado que el Ejecutivo prevé un crecimiento del 2,2% para 2019, tras contar con ese menor margen por el déficit en la actualización del cuadro macro. La tasa de desempleo caerá al 14% durante el año con una reducción "de unas 800.000 personas paradas entre 2018 y 2019.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia un techo de gasto no financiero que aumenta un 4,4% y una previsión de ingresos fiscales de 227.000 millones de euros.
En cuanto a la deuda, tras la reducción de 2018, el Gobierno prevé un objetivo del 95,4% del PIB para el actual ejercicio.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que estas cuentas pretenden "blindar el estado del bienestar", ya que rescatan "derechos maltratados por el anterior gobierno", como dependencia, sanidad o educación.
Celaá ha destacado que los presupuestos defienden el diseño de un modelo territorial constitucional, y ha afirmado que se trata de fortalecerlo ya que no son unos presupuestos centralistas sino que abogan por las Comunidades Autónomas. "Buscan el equilibrio, la convivencia y la unión", ha incidido.