El Banco de España ha publicado sus proyecciones hasta 2019 y eleva la estimación de crecimiento respecto a las que realizó el pasado 14 de diciembre.
En concreto, el crecimiento del PIB se situaría en el 2,8% este año, antes de moderarse hasta el 2,3% y el 2,1% en 2018 y 2019, respectivamente. En comparación con previsiones de diciembre, estas cifras suponen una revisión al alza de tres, dos y una décimas en el crecimiento del PIB previsto para 2017, 2018 y 2019, respectivamente. La actividad de la economía española ha mostrado un comportamiento más favorable de lo anticipado y eleva además las estimaciones de crecimiento de las exportaciones y observa un menor dinamismo en las importaciones.
Respecto al mercado de trabajo, el Banco de España prevé que siga aumentando la ocupación y que baje la tasa de paro hasta el entorno del 14% a finales de 2019.
En cuanto a la inflación, tras el descenso del 0,2% en 2016 del índice de precios de consumo, prevé un aumento del 2,2% en 2017, por la aceleración de los precios de la energía en el período reciente. Posteriormente, se esperan incrementos del IPC más moderados, del 1,4% en 2018 y del 1,6% en 2019, en términos de las medias anuales, como consecuencia de la desaceleración del componente energético. En comparación con las proyecciones de diciembre, la inflación general se revisa al alza en cinco décimas en 2017, a causa del aumento del precio del petróleo.
Los riesgos en torno al escenario central de crecimiento del PIB “se orientan predominantemente a la baja, principalmente en relación con el contexto exterior, lo que viene motivado por un hipotético endurecimiento adicional de las condiciones financieras globales, un eventual aumento del proteccionismo comercial y la incertidumbre asociada al proceso de salida del Reino Unido de la UE y a las próximas citas electorales en algunos de los principales países del área del euro”. En el ámbito interno, subsisten algunas incertidumbres acerca del curso de las políticas económicas, tanto en relación al proceso de consolidación fiscal como a la aplicación de reformas estructurales, dada la ausencia de una mayoría parlamentaria estable.