Los líderes de los 27 países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido celebrarán una cumbre extraordinaria el próximo 25 de noviembre para decidir si aprueban el acuerdo preliminar sobre el "brexit". El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha confirmado que la reunión será para "finalizar y formalizar" el acuerdo.
El texto, en sus 585 páginas contiene 185 artículos, tres protocolos: Sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre y varios anexos.
Entre los puntos más destacados, protege los derechos de los más de tres millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y de más de un millón de británicos que residen en países de la Unión.
Respecto a la cuestión irlandesa, ambos territorios establecerían un único territorio aduanero, temporal, hasta que se establezca el acuerdo comercial definitivo, de forma que se asegure el tránsito de bienes entre Irlanda e Irlanda del Norte. En este sentido, se señala que tanto Reino Unido como la UE quieren establecer "acuerdos de aduana ambiciosos" en la futura relación.
Al mismo tiempo, el borrador especifica claramente que no se establecerán barreras para el paso de bienes desde Irlanda del Norte a Reino Unido, un extremo que constituía uno de los temores de los unionistas y de los partidarios del Brexit duro: que el país quedara troceado de facto.
Establece que Londres deberá respetar los compromisos financieros adoptados como Estado miembro, conocido como principio de equivalencia. Finalmente, todo el Reino Unido permanecerá 21 meses en la unión aduanera de la UE si Londres y Bruselas no logran resolver la cuestión de la frontera en el largo plazo.
El precio del Brexit será de entre 40.000 y 45.000 millones de euros. Reino Unido deberá cumplir todas las obligaciones financieras que asumió en 1973.
En cuanto al protocolo sobre Gibraltar, crea las bases de la cooperación en temas como los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente, la pesca
Pero también la cooperación policial y aduanera. Así, obligará al Peñón a incrementar los impuestos del alcohol y la gasolina, le invita también a encarecer el tabaco y establece fórmulas para combatir el contrabando y el fraude. Los trabajadores de los municipios del Campo de Gibraltar podrán atravesar libremente la frontera y gozarán de los mismos derechos laborales que han disfrutado hasta ahora como ciudadanos de la Unión Europea.