El pasado viernes se anunciaba un pacto por 23 millones de euros con los estudiantes en San Diego y Nueva York. Se trata de una cesión del empresario ante un escándalo que de esta forma queda zanjado.
Esto no significa que su departamento legal se quede sin trabajo. De la misma forma que hizo Obama con la administración Bush, está estudiando acabar con las “executive orders” que considere inconstitucionales. Lo advirtió la semana pasada.
Prácticamente son examinadas con lupa las entre 250 y 300 que últimamente emiten los presidentes por si su contenido no se ajusta a la Constitución.
Son una especie de reglamento que dicta el presidente a los miembros de su gobierno con el fin de que se cumpla algo sin tener que pasar en principio por un camino legal complejo. Tiene sus reglas, pero digamos que de menor exigencia, de forma que el propio presidente regula sin muchos requisitos.
Claro está, no cualquier materia puede ser despachada de esta forma. Hace unos días conocíamos la dictada por Obama a las respectivas agencias del gobierno sobre medidas en caso de cambio del clima espacial o la de la estrategia en materia de computación. Recientemente hemos visto las que facilitan el traspaso de poderes en el relevo de presidentes.
Imagino que lo primero que estarán pensando nuestros oyentes es si el asunto del muro con Méjico puede decidirse de esta forma. La respuesta es no. Pero sí que puede tomar medidas contra los emigrantes que vulneren la Ley Criminal.
Veremos qué correcciones hace Trump ahora que ya no nos acordamos, por ejemplo, que Obama rectificó las restricciones que Bush propuso a las investigaciones de células madre.
Por: Arcadio García Montoro