Tras siete meses de la última revisión legal sobre esta materia, el Congreso aprueba la Ley del trabajo a distancia. La normalización y extensión de la práctica durante la pandemia obligó al Gobierno a impulsar un Real Decreto-ley en septiembre. Ahora, incorporando las enmiendas de Vox, Cs y ERC, se impulsa un nuevo proyecto de ley que eleva las sanciones un 20%.
Les contamos la nueva modificación de la ley, de la que han conformado casi todas las agrupaciones parlamentarias:
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La nueva revisión de la ley especifica que el domicilio de referencia es el que figure en el contrato de trabajo, o en su defecto, el de la empresa o centro de trabajo donde se desarrolle la autoridad laboral competente.
A partir de las enmiendas dirigidas a la regulación del trabajo a distancia por parte de personas con discapacidad e impulsadas por ERC, se asegura que los medios, equipos y herramientas sean universalmente accesibles para evitar su exclusión. Además esta accesibilidad pasar a formar parte de la evaluación de riesgos y la planificación preventiva en la empresa.
Cabe recordar que, los empleados que trabajen a distancia tienen los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional. Todo esto, se recoge en la ley del 22 de septiembre de 2020.
Otros aspectos como las condiciones de accesos al teletrabajo, sus funciones o duración siguen siendo competencia de los convenios o acuerdos colectivos.
Sanciones más cuantiosas en materia laboral
Los importes que fija la ley no se revisan desde 2007. Por eso, PSOE Y Unidas Podemos justificaron esta revisión de las cuantías de las sanciones en “el principio de proporcionalidad”.
De esta manera, se elevan las sanciones una media del 20%, de forma que las sanciones más graves alcanzan los 225.018 euros, si bien en materia de prevención de riesgos laborales llegan a alcanzar los 983.736 euros
En todo caso, según recoge otra enmienda incluida en el proyecto, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se sancionarán conforme a las cuantías previstas hasta entonces.