El Gobierno prepara, si no se aceptan sus enmiedas en el Senado para recortar la retribución a las compañías del sector, una proposición de ley para que el Congreso apruebe unos ajustes en los sistemas de retribución eléctrico y gasístico que podrían suponer un ahorro estimado en 240 millones de euros por el Ministerio de Energía.

Las enmiendas del PP en el Senado a la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía, por las que se iban a incorporar esas medidas para adaptar la retribución de determinadas actividades y sus costes a las exigencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), buscaban agilizar la implementación de éstas y que la reducción de los costes repercuta cuanto antes en beneficio del consumidor.

El ministro del ramo, Álvaro Nadal, considera "urgente" aprobar estas medidas que contribuirán a aminorar los costes del sistema eléctrico y gasista, con la consiguiente repercusión en los precios.

Además, explica que uno de los cambios introducidos será la reducción de costes en la actividad de transporte y distribución de electricidad. Argumenta que hay una sobreretribución en el "factor de retardo", es decir, que una empresa que hace un proyecto comienza a cobrarlo dos años más tarde y la falta de cobro durante ese periodo de tiempo se cobra a un tipo de interés superior al 5% anual. Según Nadal, sustituir ese tipo por un índice financiero a dos años tendría un impacto de 100 millones de euros.

Por otro lado, el ministro de Energía recuerda que la CNMC detectó un exceso de retribución a determinadas grandes distribuidoras por la valoración de determinados activos, a raíz de una demanda de pequeñas compañías que se sentían discriminadas.

También se propondrá la actualización de los parámetros de retribución de los costes de generación de las centrales de los sistemas extrapeninsulares, lo que podría generar un ahorro de entre 15 y 20 millones de euros, según la estimación del Ministerio.

El Gobierno también incluirá otros cambios, como que el propietario de una central nuclear sea el responsables de su desmantelamiento y de dejar la zona en perfecto estado medioambiental, la liberalización de los postes de recarga de coches eléctricos y medidas contra el fraude en la comercialización de hidrocarburos.

Álvaro Nadal prevé una "enorme ligitiosidad" entre operadores por el caso Castor

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital quiere que las eléctricas asuman el coste del desmantelamiento de las nucleares. Álvaro Nadal prevé una “enorme litigiosidad” entre operadores y entidades privadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en duda la indemnización de 1.350 millones de euros con la que se resolvió el cierre del almacén de gas Castor.

En la Comisión de Energía, Nadal pide a la CNMC que aplique la sentencia, aunque no da más detalles respecto a una posible solución por parte del Ejecutivo. Precisamente, Competencia paralizó tras la sentencia el pago a la banca de los derechos de cobro derivados de la indemnización por el cese de actividad del almacén, que ascienden a unos 6,7 millones de euros al mes. Estos pagos, que se costeaban con cargo al sistema gasista, permitían a la banca recuperar el dinero que adelantó para cubrir la indemnización fijada.