Los graves acontecimientos del día de ayer parece que eclipsan otro tipo de información como ha sido la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino de España por la expulsión inmediata de emigrantes de nuestro territorio.

Los incidentes ocurrieron hacer tres años en la frontera con Melilla. Varios subsaharianos fueron devueltos a Marruecos cuando intentaban escalar la valla que rodea la ciudad de Melilla.

El caso es curioso porque los demandantes ni siquiera pisaron tierra española, tampoco llegaron a ser identificados, algo que se reprocha al tribunal y la consecuencia es que el mismo gobierno español duda de que fueran las personas objeto de los hechos alegados.

El TEDH de Estrasburgo argumenta que no se les permitió el acceso a intérpretes o a cualquier tipo de ayuda legal que les pudiera informar de dicha expulsión, ni siquiera se les concedió la oportunidad de que se acogieran al derecho de asilo.

Hay que proceder a hacer una evaluación personalizada antes de proceder a su expulsión e incluso a la identificación de las personas.

El TEDH sostiene que no se puede enviar de vuelta a alguien con ausencia de resoluciones bien de corte administrativa o bien de tipo judicial. De hecho lo califica como expulsión colectiva y recalca la imposibilidad de los expulsados de hacer alegación alguna o queja a las autoridades que permitiera hacer una valoración del caso antes de que se produjera la salida.

En definitiva, se produjo violación de los artículos 4 y 13 de la Convención Europea de derechos Humanos, lo de menos es la condena al pago de 5000 euros a cada uno. Se crea un precedente que dificulta la tarea de protección de nuestras fronteras.