Sin duda. Esa misma pregunta se ha hecho el grupo de trabajo de la fundación FIDE para la investigación sobre el derecho y la empresa que ha reunido a un grupo de expertos quienes ayer expusieron sus conclusiones.

Entienden que es básico racionalizar el proceso normativo, se han centrado en esos temas fiscales ante los que somos especialmente sensibles los ciudadanos y recogen el testigo de algo que todos nos hemos planteado alguna vez: lo complicado que son dichas normas.

Entre otras muchas cosas, se plantean si realmente cumplen sus objetivos. Imaginemos una Pyme. ¿Qué impacto tiene en este tipo de empresas cada tributo? ¿Qué efectos produce en su competitividad?

Por otra parte, de cara al Estado estamos hablando de algo fundamental, sus ingresos, y no se puede permitir esa, digamos, desconexión. Además, una mejora potenciaría la seguridad jurídica.

Esencialmente consideran que la ciudadanía ha de participar más en el proceso normativo, lo mismo que otras administraciones públicas, haciendo especial referencia al Consejo de Estado.

Cree que hay que avanzar en la regulación de los grupos de interés, quienes deberían participar más en el proceso normativo.

Es necesario que existan comités de control antes y después de la norma que hagan un seguimiento de la aplicación de las normas.

Pretenden también que los conceptos de las normas de la UE sean correctamente traducidas cuando se incorporan a España.

Quizás podríamos resumirlo todo en la necesidad de mayor planificación, coordinación entre administraciones y estudio del impacto en los contribuyentes.

 Por: Arcadio García Montoro