Tras los repetidos recientes incumplimientos, recordemos que en julio otra Orden, esta vez con el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, exigía acreditar que no había movimientos económicos con fines a la convocatoria del referéndum, y ahora la reciente negativa del Vicepresidente del Gobierno Autonómico Catalán y de su Consejero del Departamento de Economía y Hacienda quienes dejan de asumir la obligación de remitir información que corresponde a los interventores y les dispensa y exime como superior jerárquico del cumplimiento de las obligaciones de remisión de información definidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos precipitan esta respuesta del Gobierno de España.

Se exige al Presidente de la Comunidad catalana la adopción de un Acuerdo de no disponibilidad, de manera que haya que certificar previamente los pagos para garantizar que no se están financiando actividades contrarias a la ley, y que se ordenen los pagos, sometiendo a autorización del Estado las operaciones de financiación a corto plazo de la Comunidad. También se solicita a la Intervención autonómica el listado de los contratos, públicos, privados, de auditoría o de prestación de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma.

Además, se pide una declaración responsable que acredite que no se prestan servicios o entregan bienes dirigidos a actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente.

El estado quiere garantizar el respeto de los principios de responsabilidad, de lealtad institucional, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, principio de coordinación y solidaridad de cada una de las regiones.

En definitiva, un régimen especial que durará mientras continúe el riesgo de la situación. Y junto a las medidas dos mensajes que no hay que perder de vista: El primero dirigido a los empleados públicos y al pueblo de Cataluña al asegurarse con la Orden que la financiación con origen en la Hacienda del Estado se destine al pago de sus sueldos, salarios y los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y el segundo al sector privado, incluidos el financiero, que de no colaborar es avisado de la responsabilidad penal en que puede incurrir.