Los jueces también tienen que recurrir a la Justicia para que se reconozcan sus derechos.

Tras años de negociación sobre distintas reivindicaciones de la Carrera Judicial, las cuatro principales asociaciones profesionales de la magistratura tuvieron que demandar al Consejo General del Poder Judicial con el fin de intentar resolver sus diferencias.

Y ayer tuvo lugar ante la Audiencia Nacional la primera sesión que dirigió sus miradas también hacia el Ministerio de Justicia

Poca gente conoce la gran carga de trabajo que tienen jueces y magistrados y los efectos que puede tener en su salud laboral.

Reivindican el derecho al descanso y a la conciliación de la vida profesional y familiar, la regulación carga de trabajo, la revisión del régimen de guardias; la mejora del régimen de sustituciones, el modelo de cobertura de las jubilaciones. Todo son peticiones que consideran que no son atendidas por el órgano de gobierno de los jueces.

Y, por supuesto, quieren la revisión de los grupos de población. Solo hay que ver un dato: La planta de jueces en la población española es la mitad que la media europea. Por tanto existe una sobrecarga que repercute tanto en la salud de estos profesionales que, por qué no, pudiera potencialmente perjudicar la calidad de las resoluciones judiciales.

En conclusión, la Justicia tendrá que intervenir también para dirimir las cuestiones entre los propios jueces, algo que me consta que entristece a más de un magistrado.