Hablamos del conflicto que implicó al Ministerio de Fomento, estibadores y patronal en los puertos españoles y que se cerró con un acuerdo que ahora es investigado por la CNMC.

Recuerden que se trataba de aplicar lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014 y actualmente, el cierre del asunto, es investigado por presuntas prácticas prohibidas.

La CNMC dispone de 18 meses para instruir su expediente y para resolverlo. Período donde las partes implicadas tienen obligación de mantener la discreción y confidencialidad.

Se investigan dos hechos que restringen la libertad.

Por un lado, la contratación de trabajadores. Y por otro la de las empresas prestadoras del servicio de manipulación de mercancías. Analiza la restricción de la participación en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados trabajadores.

Todo apunta a que se trató de un cierre en falso que no satisface las intenciones de liberalizar el mercado de la Comisión Europea.

De la misma forma que no hay que descartar nuevas paralizaciones en los puertos tampoco hay que menospreciar el empeño de las autoridades por la efectiva aplicación de preceptos como el artículo 1 de la LDC y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.