Uno de los obstáculos que sufren las empresas cuando se introducen en un nuevo mercado como el canadiense, es que no siempre pueden recurrir al sistema judicial nacional ante cualquier problema que se les plantee. Esto no así en el CETA o AECG.

Incorpora una serie de ventajas del tipo de la prevención de las demandas fraudulentas o manipuladoras como son las inversiones o reestructuraciones empresariales efectuadas con el propósito de interponer una demanda.

También se prohíben los procedimientos paralelos, de forma que de acudirse al Tribunal de Inversiones del AECG, los inversores no podrán acudir a otros tribunales ni nacionales ni internacionales. Así se evitarán dobles indemnizaciones y otras resoluciones fácilmente contradictorias.

Introduce plazos de tres años para interponer una demanda y también favorece la mediación para fomentar la resolución amistosa.

El modelo de resolución de disputas, tiene como objetivo resolver rápidamente los litigios de inversión.

Entre sus características está la de ser transparente porque, aunque parezca extraño, la mera publicación de sus resoluciones o la celebración de audiencias públicas no son habituales en este tipo de casos. La Comisión Europea está orgullosa de este logro porque, como recalca en su propia publicación, de los 3.000 acuerdos de este tipo firmado, solo los que conciernen a EEUU o a Canadá incluyen este principio de transparencia.

Así mismo, los miembros del tribunal serán nombrados de antemano por las autoridades de la UE y Canadá y se asignarán aleatoriamente para garantizar su imparcialidad, a diferencia de cómo se hacía anteriormente, y se evitarán conflictos de intereses, supuestos o reales, pudiendo recurrir así sus decisiones.

En definitiva, es un paso adelante que supone la modernización del modelo legal que también afectará a las Pymes, tantas veces olvidadas en este tipo de acuerdos. Les permite las consultas por videoconferencia, tribunales de un solo miembro y costas, en caso de perder el litigio, limitadas.

Por: Arcadio García Montoro