Hablamos de la otra cara de la lucha política de los dos grandes partidos. De esos trabajadores ya cansados, que se quejan del mal trato que reciben del gobierno federal cuando se produce el cierre, como ocurrió últimamente en 1996 y en 2013, de algunas instalaciones y servicios de la administración americana. Son los grandes perjudicados y lo que es peor, su reclamación de la época Obama todavía está pendiente de resolución.

No todos se quedan en casa. Muchos van a trabajar a pesar de que no hay presupuesto. El problema es que no siempre acaban cobrando. Por ejemplo, durante el apagón de hace cinco años, todavía están pleiteando por ver remunerados sus servicios durante los 16 días que duró.

El problema no afecta a quienes tienen lo que se denomina un servicio activo del tipo militares en acto de servicio ni a los proveedores de los comedores, ni al mantenimiento de edificios, o, por ejemplo, cuando se trata de la seguridad de las instalaciones.

La reclamación en curso es de 25.000 personas. Y junto a la suma total de la indemnización, que está por aclararse, conviene decir que se estima que una semana de cierre supone a su economía un coste de 10.000 millones de dólares.

Ahora sin embargo el alcance es mayor. Se trata de más de 100.000 trabajadores que con el anterior caso todavía pendiente, sus defensas alegan que lo que ocurre es previsible y no debería repetirse.

Los trabajadores son una moneda de cambio más, en esta lucha partisana no importa qué partido esté en el poder.