Tanto en vacaciones, como por motivos de trabajo, hay veces en que tenemos necesidad de cancelar un vuelo, y nos preguntamos: ¿Qué gastos puede descontarnos la compañía de transporte aéreo?
Hablamos del asunto que ha conocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea protagonizado por la compañía Air Berlín, donde la Unión Federal de Asociaciones de Consumidores alemana simuló una reserva vía Internet de un vuelo desde el aeropuerto de Berlín-Tegel a Colonia para descubrir que los impuestos y tasas que aparecen en el sitio de Internet de Air Berlín eran distintos de los que, efectivamente, adeudaba la compañía aérea, con arreglo a los baremos de las tasas aeroportuarias de los aeropuertos en cuestión.
También comprobó que Air Berlín deduce, como gastos de tramitación, un importe de 25 euros por reserva y pasajero sobre la cuantía que se le habrá de devolver cuando éste no se haya presentado a un vuelo, o cuando haya anulado su reserva.
La organización de consumo consideró que había que anular una cláusula que figuraba en las condiciones generales de contratación porque no se puede admitir la facturación de gastos de tramitación a tanto alzado específicos a los clientes que no se hayan presentado a un vuelo o que hayan anulado su reserva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es hora de que se aplique la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores también en el sector del transporte aéreo.
Los contratos de transporte aéreo también han de cumplir las normas generales que protegen a los consumidores de las cláusulas abusivas, y la que establece 25 euros por gastos de tramitación en caso de anulación de una reserva de vuelo o de no presentación y perjudica de forma desproporcionada a los clientes es considerada nula.
En definitiva, otro sector donde falta transparencia. Todo pasa por disponer del desglose del precio final a pagar a las compañías aéreas y que se aplique lo que ya conocemos sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
