Conviene recordar que tras la consulta, más de 1,000 abogados escribieron al entonces primer ministro, David Cameron, para pedirle que los miembros el parlamento votaran sobre el tema.

Tras la llegada de May y como consecuencia de todo, parece que el Gobierno solo accedió finalmente a que la Cámara conociera los detalles del proceso negociador con la UE, de manera que únicamente se votase el acuerdo final que se alcance dentro de unos años.

A la gente no le ha parecido esto suficiente y las 160.000 libras que han sido necesarias para financiar el caso, que desde ayer ha hecho que suba la libra, han sido obtenidas por el procedimiento de crowfunding de 4,500 interesados que se autodenominan The People’s Challenge o en castellano el reto de la gente o del pueblo.

Ahora bien, si llega al Parlamento como parece, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues un conflicto en cada parlamentario, ya que todo apunta a que sus opiniones no necesariamente se alinean con el resultado de la votación democrática.

Por tanto la pregunta que nos hacemos es si se puede revocar la decisión adoptada de dejar la UE.

 Es probable que el gobierno recurra al Tribunal Supremo pero puede haber incluso más batallas legales.

Si bien es cierto que ni el gobierno ni los ciudadanos pueden apelar al Tribunal Europeo de Justicia, no lo es menos que el propio Tribunal Supremo sí que podría recurrir a este último poniendo la decisión en manos de la justicia europea. Esto en la práctica supone alrededor de año y medio de retraso.

Aun así, aquí no acaba la cosa. Si el Tribunal Supremo no hiciera la consulta, hay precedentes del Tribunal de Justicia Europeo donde se establece que los Estados pueden tener que responder y por esta vía un ciudadano puede acudir a cualquier tribunal en busca de una aclaración sobre la revocabilidad de la decisión de abandonar la UE.  

En conclusion, la opinión sigue muy dividida y los cauces judiciales abiertos.

Por: Arcadio García Montoro