El sector eólico gallego se enfrenta a un desafío sin precedentes porque la Justicia ha paralizado decenas de proyectos eólicos. Uno de los argumentos recurrentes en las sentencias es el posible impacto ambiental.
En el programa Ondas del Viento, analizamos esta situación en profundidad y conocemos cuáles son las consecuencias que está teniendo en el empleo, en la economía y en las inversiones, con la ayuda de José Manuel Pazo Paniagua, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA).
Galicia fue pionera en la implantación de energía eólica, sin embargo, en los últimos años el desarrollo se ha frenado en seco. La justicia gallega lleva más de un año emitiendo autos de suspensión cautelar para la práctica totalidad de los proyectos que obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Xunta de Galicia.
Ahora mismo hay 60 parques eólicos y unos 3.000 MW, con esa DIA y permisos de construcción en vigor, sometidos a procesos contenciosos o de suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), tras la denuncia de plataformas antieólicas. El asunto ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que plantean una cuestión sobre una ley básica estatal del año 2013 de evaluación ambiental.
Esto podría tener repercusiones incluso en otras instalaciones industriales o infraestructuras, ya no solo en Galicia, sino en España e incluso en toda Europa.
Escucha aquí la entrevista completa:
Analizamos la situación actual del sector eólico en Galicia que se enfrenta a un desafío sin precedentes con decenas de proyectos eólicos paralizados en los tribunales.
José Manuel Pazo señala que la paralización judicial supone un frenazo enorme para el sector eólico y para las empresas auxiliares y un obstáculo porque “no podemos planificar”. Desaprovechar esta oportunidad para Galicia “es catastrófico” porque la energía eólica está vinculada al desarrollo económico e industrial de la Comunidad.
Además, el presidente de la Asociación Eólica de Galicia ha analizado el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta que acompaña a los presupuestos y en las que se recoge la obligación de repotenciar parques eólicos con 25 años.
“Estas medidas económicas y fiscales, en estos momentos, nos llevan a un mayor fracaso y una mayor inseguridad jurídica añadida a la que ya teníamos” apunta Pazo. ”No podemos estar siempre legislando y no derogando nada de lo anterior”, critica.
A su juicio, toda la situación de paralización del sector es un problema político y es necesario llegar a acuerdos. “Tenemos hipotecado el futuro económico e industrial de Galicia y, si no le damos una solución rápida, esto va a terminar mal”, concluye.
