El Gobierno planea rebajar la cantidad que cobran los influencers para endurecer la regulación y el control sobre su actividad. En concreto, desde los 500.000 euros al año hasta los 300.000 euros. Pero esta vez no se trata de impuestos, sino que hablamos de publicidad.
El Gobierno planea endurecer los requisitos para ejercer un control sobre la actividad de los influencers.
El Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escrivá ha modificado el Proyecto de Real Decreto para controlar la actividad de los influencers, creadores de contenido digital. De modo que quienes ganen más de 300.000 euros al año y tengan más de un millón de seguidores van a tener que cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual en materia de anuncios comerciales y contenidos.
Si no lo hacen, las sanciones que podrían afrontar oscilan entre los 10.000 euros y hasta los 1,5 millones de euros, en función de sus ingresos y la gravedad de la infracción.
Hasta ahora, el Proyecto de Real Decreto fijaba en dos millones de seguidores en al menos una plataforma y 500.000 euros de facturación anual los requisitos para ser lo que se conoce como un Usuario de Especial Relevancia.
Petición desde varias asociaciones
Varias voces ya habían pedido un endurecimiento de esos requisitos. Por ejemplo, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca). Solicitaban en este caso rebajar esos requisitos a los 100.000 seguidores en el conjunto de plataformas y la facturación a los 100.000 euros anuales.
En la misma línea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) habían mostrado su preocupación por la falta de control sobre los influencers.
La CNMC ya había dicho que el umbral económico y el de número de seguidores eran demasiado altos, por lo que la norma no iba a lograr el objetivo que se persigue, que no es otro que los Usuarios de Especial Relevancia se encuentren sometidos a una regulación mínima y esencial para proteger al espectador y al menor de contenidos inadecuados.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno “un criterio más amplio para la consideración de los usuarios de especial relevancia en su próxima regulación, con el fin de proteger verdaderamente a la ciudadanía ante contenidos ilícitos e inadecuados y, especialmente, a menores y adolescentes”.
El Ministerio de Transformación Digital prevé que, en el año de 2027, los ingresos publicitarios de los influencers alcancen los 500 millones de euros, lo que supondría casi el 9% del total de la publicidad que se destinará en España a internet, más de 5.600 millones de euros.
Es por eso que los grandes influencers, youtubers y creadores de contenido en plataformas y redes sociales y tendrá ahora un control sobre los productos que publicitan, las comunicaciones comerciales y el contenido, con el objetivo de proteger a los usuarios y, en especial, a los menores de edad.
El Gobierno de España sigue así los pasos de Francia, que el pasado 1 junio de 2023 daba el primer paso en Europa y aprobaba de forma unánime una nueva ley. El objetivo del país vecino también es “regular mejor la influencia comercial y combatir los abusos de los influencers en las redes sociales”. Es decir, se obliga a los “influencers” a cumplir con las leyes de publicidad que hay vigentes en Francia.
