Homogeneizar los costes de financiación cuando se recurre a créditos al consumo dentro de la UE, promover prácticas responsables y transparentes entre los nuevos actores en este mercado y mejorar la protección de los consumidores. Con esta idea se está revisando ahora la normativa en esta materia, la Directiva 2008/48, que lleva vigente desde hace catorce años.
Escucha la entrevista completa en este podcast de Mercado Abierto:
Carolina Rodríguez, asociada principal de finREG360, una empresa que asesora sobre la regulación en el sector financiero
La industria aguarda con interés los posibles cambios, fruto de la necesidad de acomodarla a los cambios de hábito de los consumidores. “Cada vez éstos hacen más compras online, acceden a medios digitales y van apareciendo más actores en el sector del crédito al consumo”, explica Rodríguez.
Nuevos actores que requieren tener muy claro si tienen que aplicar los requisitos que se exigen en la actual normativa, al tiempo que todo debe actualizarse para que “tengan determinados derechos y obligaciones ante el consumidor”.
Rodríguez destaca también que cada vez hay más productos nuevos y se usan procedimientos más rápidos o simplificados para acceder a esta financiación, de modo que la revisión de la normativa de crédito al consumo “pretende reforzar la protección al consumidor” y garantizar que recibe la información oportuna.
Disparidad entre países
Existen claras diferencias entre cómo se da esa financiación al consumidor en función del país de la UE en el que lo solicitemos, la razón de la puesta en marcha esta normativa es "la homogenización en el marco europeo", indica Rodríguez. Se quieren establecer límites a los tipos de interés, en España "las limitaciones vienen más por vía jurisprudencial", pero no existe una limitación que marque si "el interés es usurero".
"Otros países a diferencia de España si tienen una regulación específica en cuanto al tipo de interés aplicable" destaca la asociada. A raíz de esta normativa hay una obligación, registrar las actividades de financiación mediante la obtención de una licencia.
Por ahora solo se ha publicado una propuesta para revisar la normativa, "prevemos que exista una negociación y se ponga en marcha a finales de 2023, principios de 2024" anuncia Rodríguez.