El mundo está viviendo por encima de sus posibilidades y buena parte de los excesos los financia emitiendo deuda pública. Por eso, cuando en el Foro de Davos se califica de “accidente de deuda” a lo que puede ocurrir en el próximo futuro, realmente estamos ante un auténtico eufemismo, ya que ellos, los que están allí, saben perfectamente lo que lleva ocurriendo ya desde hace demasiados años y, lo que es peor, siguen haciéndolo.
Esto ya no es cuestión de que la deuda que se está emitiendo actualmente la vayan a pagar los hijos o los nietos, sino de que, a propósito, estamos viviendo en un mundo ficticio, básicamente financiero, en el que la economía financiera triplica cuando menos a la economía real y el pasivo ficticio está compuesto por un océano de deuda pública y de dinero fiduciario emitido por los bancos centrales, mientras que el activo está constituido por buena parte de los recursos de los inversores por naturaleza (fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros).
Nunca había estado el sistema capitalista tan cerca del desastre y, sin embargo, seguimos con alharacas en el Foro de Davos sobre lo bien que se están comportando las respectivas economías de los países presuntamente implicados en el desastre que le espera al sistema financiero occidental, de tal forma que los “hombres de negro” tendrán que transformarse en los “hombres de rojo”, para hacer juego con la escabechina que se puede producir.
Si los estados nacionales llegasen a confirmar que no pueden atender el servicio de su deuda (principal e intereses), habrá que hacer grandes quitas de deuda (cuando se rescató a Grecia fue del 53% del principal y cuando le pasó a Argentina, se produjo una devaluación del 65% del valor de su moneda y, por tanto, de su deuda para tenedores extranjeros). Esas quitas supondrían que los tenedores de estas, es decir, los partícipes de los fondos de inversión y pensiones verían su patrimonio disminuido y ello afectaría a cientos de millones de personas que, sin comerlo ni beberlo, y confiando en el riesgo soberano, habrían perdido buena parte del ahorro que han estado generando durante muchos años de trabajo.
Los siguientes damnificados serían los bancos y las compañías de seguros. Una parte de su activo está invertido en deuda pública y si se produjera una quita significativa, es posible que se originaran quiebras en cadena, ya que los bancos no tienen más del 12% de su activo comprometido con capital propio, y tendrían que recurrir a ampliaciones de capital muy elevadas que probablemente no se cubrirían, y menos en un contexto de crisis financiera global. Las compañías de seguros tienen unos coeficientes técnicos que las obligan a invertir parte de las primas cobradas a sus clientes en deuda pública. La situación no sería tan grave como la de los bancos, pero se les haría un agujero de solvencia que tendrían también que cubrir con ampliaciones de capital o con fusiones.
La deuda pública de los países de la OCDE supone casi 60 billones de euros, y ha crecido un 169% desde que comenzó la crisis financiera en 2007 (entonces era de 22 millones), mientras que el CIR (China, India y Rusia) tienen casi 15 billones de deuda pública, aunque en este caso, el crecimiento ha sido del 248%, sobre todo por China, que partía de cifras muy bajas y ha llegado a tener cerca de 12 billones al cierre de 2022. Evidentemente, la magnitud de la deuda debe referirse al Producto Interior Bruto (PIB) de los países, y la situación es bastante desigual. En el siguiente cuadro vemos algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en comparación con España y con las medias europeas y de la OCDE:
Podemos observar que, de este grupo seleccionado, España es el país en el que más ha crecido la deuda pública en los últimos 15 años. De hecho, si pusiéramos en la tabla todos los países de la OCDE y de la Unión Europea, sólo Chile superaría este nivel de crecimiento, que se ha multiplicado por cuatro con la “buena” gestión de las cuentas públicas de Zapatero, Rajoy y Sánchez. También podemos ver que, en la ratio de Deuda Pública sobre PIB, somos el peor país junto con Francia (¿entienden ahora por qué Macron está tratando de alargar la edad de jubilación de los franceses?), si exceptuamos a Japón cuyo endeudamiento es endémico desde la década de los años noventa del pasado siglo.
Por supuesto, en materia de crecimiento de deuda, estamos muy lejos de la media europea, que casi triplicamos y tenemos un 73% más que la media de la OCDE, la cual está muy influida por el elevado endeudamiento de la economía de Estados Unidos, aunque los americanos tienen a su favor un gran modelo productivo y un nivel de ocupación laboral rayano en el pleno empleo, lo cual da unas garantías de amortización de su deuda pública nada comparables con la debilidad del modelo productivo español, basado en el “ladrillo” y en la “cerveza”.
Nos preguntamos ahora cuál de nuestros tres últimos presidentes ha influido más en el crecimiento geométrico de nuestra deuda pública. Veámoslo en el siguiente cuadro:
Vemos que Rajoy sigue siendo el campeón de emisión de deuda pública en los seis años en los que “gestionó” las cuentas públicas, amén de casi consumir los 70.000 millones de euros que había en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A Sánchez le queda todavía otro año, pero no parece fácil que llegue a las cifras de Rajoy. En cualquier caso, las políticas han sido las mismas: mantener un Estado del Bienestar ficticio a base de emitir deuda pública, y dejar que los españoles vivan por encima de sus posibilidades y que sigan creyendo que la sanidad, la educación, internet, la prensa, etc. es todo gratis en este país idílico de Jauja en el que, si se dejara llevar la batuta a Podemos, todo el mundo tendría una renta básica trabajara o no y los jóvenes a partir de los 18 años tendrían derecho a recibir una iguala mensual de entre 700€ y 1.400€ para que también vivieran sin trabajar, amén de los 400€ que se les da ya en un bono cultural, o los 250€ para que paguen el alquiler los que se emancipen. ¡Qué bonito es todo!
Pero resulta que en breve el Banco Central Europeo (BCE) va a dejar de comprar deuda pública nueva y, a pesar de las colas para comprar letras en el Banco de España, la financiación “gratis” de ese Estado de Jauja idílico parece que va a tocar a su fin y, si todavía funcionan las leyes económicas, cuando hay mucha oferta de algo a una rentabilidad baja, no se suele comprar, y es preciso que aumente la rentabilidad, léase prima de riesgo, para que los inversores lo compren, y entonces se incrementará el déficit público, que habrá que financiar con más deuda, entrando en un horrible círculo vicioso que no nos llevará a ningún paraíso idílico.
Las subidas de tipos de interés tampoco ayudan a los que intentan ponernos una venda en los ojos para que no nos demos cuenta de lo que pasa antes de las elecciones generales; sí, esos a los que nuestra vicepresidenta económica nos califica de “agoreros” sin fundamento. Ya se ha cuidado la Sra. Calviño de alargar el plazo medio de la deuda vigente, emitiendo muchos más bonos y obligaciones a medio y largo plazo, a fin de que cada año se tenga que renovar menos deuda, pero, así y todo, las cifras siguen siendo demoledoras. Veámoslo en el siguiente cuadro:
Ante todo, indicar, que este cuadro sólo lo pueden realizar las autoridades monetarias, habida cuenta de que no hemos podido obtener ni en el Tesoro Público, ni en el Banco de España ni en el Portal de Transparencia la información necesaria de amortización por años de préstamos, deuda pública asumida y otro resto de deudas distintas de las que cotizan en el mercado de deuda pública anotada.
Sólo las cifras del año 2023 han sido anticipadas por parte del Tesoro Público. El resto hemos hecho la hipótesis de que los préstamos se amortizan por partes alícuotas en los siguientes años. También se ha supuesto que el volumen de letras emitido en la actualidad (unos 75.000 millones de euros) mantiene su peso específico en la mixtura de deudas, es decir, que no se cambia la proporción entre deuda a corto plazo y a largo plazo. De la misma manera, hemos asumido que las renovaciones de bonos se hacen en una proporción similar a los plazos actuales (3 años, 5 años y resto). Finalmente, hemos considerado que los tipos de interés se estabilizarán en media en torno a un 4% anual (3,5% para 2023).
Es evidente que son demasiadas hipótesis para un estudio serio, pero, con este esquema, y partiendo de una estimación de cierre para 2022 de 31.341 millones de euros como intereses pagados por la globalidad de las Administraciones Públicas por sus diferentes deudas, los incrementos de intereses para los años siguientes nos parecen razonables, según se vaya renovando un porcentaje medio de en torno al 12% anual de deuda pública, incluyendo en dicho porcentaje la renovación anual de letras del Tesoro.
Asumiendo lo anterior, observamos que para 2030 los intereses por la deuda pública existente entonces supondrían bastante más del doble de los intereses que se pagan en la actualidad (unos 31.341 millones de euros), llegando a los 76.277 millones de euros. Ello nos permite dudar de la sostenibilidad presupuestaria del déficit público, al que habría que unir la insostenibilidad endémica del sistema de la Seguridad Social, lo que haría que el volumen de deuda nueva a emitir, como figura en el cuadro, se esté retroalimentando continuamente.
Teniendo en cuenta, como ya hemos indicado, que el Banco Central Europeo (BCE) no va a continuar comprando, casi en solitario, nuestra deuda pública, resulta difícil imaginar si seremos capaces de mantener la prima actual de riesgo entre 100 y 110 puntos básicos respecto del bund alemán. La estructura actual de tenedores del 82% de la deuda pública (no hemos podido obtener información respecto del 18% restante) es la siguiente:
Podemos observar que más de un tercio de la deuda ha sido adquirida por el BCE, mientras que los bancos privados españoles tienen casi 14% más. Las compañías de seguros cumpliendo con sus coeficientes tienen más del 7% y buena parte de los strips en manos de los tenedores españoles, habida cuenta de que son muy útiles para las coberturas de riesgos a largo plazo. Pero, sin embargo, los particulares y las empresas españoles apenas tenían, respectivamente, un 0,22% y un 0,18% del total de deuda en el año 2022, debido a los bajísimos tipos de interés. Esta situación está cambiando ahora, como hemos podido comprobar por las colas en el Banco de España, pero tardará todavía en suponer un nivel significativo para el Tesoro Público.
El problema más importante es que más del 40% de la deuda española está en manos de extranjeros, básicamente inversores por naturaleza que, si llegasen a dudar de la solvencia de las cuentas públicas españolas podrían abandonar sus inversiones provocando un colapso en el mercado de deuda. Esta situación de riesgo se une a la dependencia que ha tenido España del BCE, puesto que entre extranjeros y el banco central tienen tres cuartas partes de la creciente deuda española.
La solución no es nada fácil, salvo que cambiemos la mentalidad de nuestros políticos, y que dejen de gastar bastante más de lo que ingresan, amén de contarles la verdad a los españoles, que ya son mayorcitos, de lo que realmente ocurre. No podemos seguir financiando el gratis total de sanidad y educación emitiendo deuda pública, y me dan lo mismo las líneas rojas de la izquierda. Los sistemas de copago están precisamente para regular que los usuarios de determinadas actividades públicas deficitarias financien una parte del coste (no creo que pagar un euro o dos por una medicina que cuesta diez sea para echarse las manos a la cabeza). En caso contrario, el problema, junto con la insostenibilidad del sistema de pensiones (agujero de más de 100.000 millones de euros desde 2018), se seguirá agravando. Y salvo que pongan a Tezanos a llevar el tema de la deuda pública, me parece que las noticias que vamos a tener de cómo evoluciona la deuda pública española no van a darnos ninguna alegría.
Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.
