El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) prescindirá de forma progresiva de los servicios de 1500 interinos. Un total de mil trabajadores serán despedidos del 30 de junio al 30 de septiembre y los 500 efectivos restantes terminarán su relación contractual el 31 de diciembre. ¿Es buen momento, cuando todavía hay pagos por regularizar?
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Los interinos despedidos han contribuido durante el último año a aliviar la falta de medios en el organismo ante la avalancha de expedientes que supuso el despliegue de los ERTEs. Su ayuda, en un momento de emergencia, fue vital para soportar la carga de trabajo que desató la crisis del coronavirus, hasta 4 millones de trabajadores se acogieron al expediente de regulación de empleo.
¿Decisión acertada?
Aunque la realidad de la pandemia sea muy diferente, el trabajo no ha acabado todavía. Tal y como señalan, Paula Iniesta y Rodrigo Gallego, profesionales del departamento de comunicación de Taxdown, todavía “quedan pagos por regularizar”. Por ejemplo; falta menos de una semana para que finalice la campaña de la declaración de la renta y “la mayoría de trabajadores en ERTEs no la han podido presentar”.
A esos trámites se suma la situación de 450.000 personas acogidas bajo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, y de medio millón de desempleados más que en la época anterior al COVID. La salida los trabajadores interinos podría “generar nuevos retrasos en el pago de las prestaciones”, alertan.
De todas estas demandas se ha hecho eco el CSIF. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera que prescindir del 20% de la actual plantilla (alrededor de 8500 empleados) pondrá en serio riesgo la viabilidad del SEPE, ya que habrá que repartir la carga de trabajo sobre las espaldas de muchos menos empleados.
Enfrentamiento en el gobierno
El despido de los empleados del SEPE ha generado debate dentro de las propias filas del gobierno. Desde el ministerio de Trabajo y Economía Social que preside Yolanda Díaz se solicitó la continuidad de todos los trabajadores alabando su “extraordinaria” labor durante la crisis sanitaria.
No obstante , a pesar de que el SEPE es un organismo autónomo adscrito a Trabajo, estas decisiones deben contar con el aval de Función Pública y de Hacienda, para su financiación.
