No acaba de cerrarse el asunto de las cláusulas suelo, de hecho, esperamos noticias este próximo viernes directamente desde el gobierno y comienza una nueva batalla legal que se vislumbra larga y exitosa para el consumidor, como la otra.

Esta vez el objetivo son los aranceles notariales y registrales relativos a la constitución los impuestos de la operación, los gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad y la oficina liquidadora de impuestos. 

Ya empezamos a disponer de resoluciones que fallan en favor del consumidor al conculcarse los principios de la buena fe y producirse un importante desequilibrio entre las partes.

Una sentencia de algo más de un año del Tribunal Supremo ya decidió que eran nulas las cláusulas que "imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral, así como el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados”.

Ahora un juzgado de Oviedo ha declarado nulo eso de que serán de cuenta del prestatario todos dichos gastos futuros y la modificación o cancelación de la hipoteca, incluidas las comisiones y gastos del otorgamiento de la carta de pago.

En definitiva, un nuevo impacto contra el sector financiero. Toca reintegrar al consumidor las cantidades satisfechas por éste en aplicación de las cláusulas anuladas.

Por: Arcadio García Montoro