San Marino ya no es el refugio fiscal al que italianos y europeos acudían hasta hace diez años para depositar sus ahorros. Ahora, y debido a la crisis de 2007, la mayoría de los inversores de los bancos sanmarinenses son ciudadanos del país y su sistema financiero se enfrenta a una carrera a contrarreloj debido a los créditos dudosos y a la falta de liquidez.
La prioridad del banco central de San Marino es conseguir esta liquidez y aumentar el capital social de las seis entidades que conforman el sistema financiero del país. Actualmente, acumulan 1.800 millones de euros en créditos dudosos. Esto supone un 113% del PIB. de San Marino, una cantidad suficiente para amenazar su economía. La situación a la que se enfrenta el pequeño país es precaria, lo que ha ratificado la agencia Fitch, al rebajar su deuda al estatus de “BBB minus”, una calidad media-baja.
La hoja de ruta que el gobierno de San Marino se ha marcado para gestionar esta situación pasa por la creación de un banco malo que se encargue de gestionar los préstamos dudosos atribuibles a los ciudadanos. Simone Celli, Secretaria de Estado de finanzas de San Marino ha anunciado a Reuters que el banco central del país busca 150 millones de euros para inyectar en el sistema financiero sanmarinés, una medida de emergencia para mejorar la liquidez de las entidades.
Liquidez que los bancos necesitan con urgencia de cara a 2018, cuando entre en vigor la revisión de la directiva europea sobre rescate bancario. Esta polémica normativa establece que los inversores privados de una entidad deberán sufrir pérdidas antes de que los estados puedan intervenir aportando dinero público. En el caso de San Marino podría tener graves consecuencias al ser los principales inversores de los bancos el estado y fundaciones bancarias comunitarias que reinvierten los dividendos en actividades sociales y culturales.
Actualmente, el principal objetivo del Gobierno, es mantener su sistema financiero y evitar un rescate que causaría pérdidas en accionistas, depositantes y bonistas. Necesita inversiones de hasta 290 millones, el equivalente a un quinto del P.I.B de San Marino, para superar los estragos de los créditos dudosos. Esta cifra podría aumentar hasta 490 millones cuando la regulación europea del comité de Basilea entre en vigor, lo que supone casi lo mismo que los presupuestos generales del país.
