El primer martes de septiembre la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, afirmaba que las recomendaciones de los expertos que reúne este foro podrían llegar al Congreso a finales de octubre. A la hora de escribir estas líneas no se ha dado a conocer su contenido, que al parecer irán poco más allá de sugerir una fórmula para las revalorizaciones anuales de las pensiones, probablemente ligada al IPC, y alguna tímida medida para mejorar la recaudación. No es de esperar una reforma de calado pensando en la sostenibilidad futura que garantice unas prestaciones similares a las actuales.

España y Luxemburgo son los países con las pensiones públicas más generosas –en cuantía- de Europa. El caso de España preocupa especialmente a la OCDE y a la UE, porque, a punto de agotarse el fondo de reserva, creado ad hoc, nuestro sistema público incurre en un déficit anual de unos 18.000 millones de euros, complicado de financiar con una deuda pública que supone el 100% de nuestro PIB, punto arriba o abajo según matizaciones.
“España y Luxemburgo son los países con las pensiones públicas más generosas”

La debilidad e improvisación de los últimos gobiernos del país no han permitido entrar en medidas de calado para ajustar el déficit de la Seguridad Social. Las reformas del sistema de 2011 y 2013 tienen razón de ser, pero serán insuficientes ante la jubilación de la generación del baby boom, con pensiones de mayor cuantía que no pueden ser compensadas desde el actual mercado de trabajo. Además, tras el aplazamiento hasta 2023 de la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad y del fin de la indexación en la revalorización de las pensiones en el 0,25%, el desequilibrio es aún más acusado. Desde el Observatorio de Pensiones liderado por WILLIS TOWERS WATSON se advirtió que el incremento de las pensiones de acuerdo con el IPC, estimado en un 1,6% y por un coste adicional de 1.733 millones, costará este año 90 euros más a cada cotizante, de media.

Por si fuera poco, desde Podemos lanzan la propuesta de suprimir las deducciones fiscales a los Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados, por el ahorro que supondría para el Estado. No parecen sopesar que eso sería darle la estocada a la acumulación de ahorro a largo plazo, que en realidad cuenta con una fiscalidad diferida. Como señala Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de Actuarios y director de Pensiones de WTW, en 2016 estos productos tuvieron 780 millones de beneficio fiscal, pero tributaron por 700 millones de euros en ese ejercicio por los rescates. El ahorro complementario o sustitutivo para la jubilación está incentivado en todos los países avanzados porque el primer beneficiario es el Estado, pues el Seguro y los Fondos de Pensiones son los primeros inversores institucionales en empresas y compra todo tipo de activos, también renta fija y deuda soberana.

Unos 300.000 millones de euros procedentes del ahorro en Seguros y Pensiones que gestiona el sector en España se encuentran invertidos en nuestra economía. En todos los países avanzados las mayores tasas de ahorro se encuentran vinculadas a la jubilación y suelen ser los mayores inversores institucionales en deuda pública de sus propios estados, sólo hay que mirar ciertos países como por ejemplo USA, Japón, Francia o Italia.

Miguel Benito Miguel Benito

Miguel Benito

Director de los programas "Todos Seguros" y "Tercer Sector" en Capital Radio.