Los afectados que no aceptaron la oferta de canje de obligaciones que hizo el Estado griego muestran otra cara de la crisis griega. Es la batalla legal de ciudadanos en toda Europa que reclaman sus correspondientes indemnizaciones.

Recuerden que Grecia hizo en febrero de 2012 una Ley que disponía una oferta de reestructuración a los tenedores de determinadas obligaciones de Estado. Como consecuencia, incluyó en los respectivos contratos de emisión una cláusula de reestructuración que disponía que las condiciones iniciales de emisión de los títulos pudieran modificarse mediante decisiones adoptadas por mayoría cualificada del capital pendiente de devolución (de este modo, tales decisiones podrían imponerse a los obligacionistas minoritarios).

Ninguno de los particulares afectados en el caso que comentamos aceptó dicha oferta y consideran que han sufrido perjuicios porque Grecia les forzó a canjear sus títulos por nuevas obligaciones del Estado, de un valor nominal notablemente inferior y presentan sus demandas.

Ahora estamos en el punto de discutirse en los tribunales alemanes si se trata de un asunto de naturaleza civil-mercantil o no y por lo tanto si han de utilizarse los mecanismos europeos para agilizar sus reclamaciones.

El caso ha sido traído al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que de la documentación aportada no resulta de un modo manifiesto que las condiciones financieras de los títulos en cuestión hayan sido fijadas unilateralmente por el Estado griego, sino sobre la base de las condiciones de mercado que rigen el intercambio y la rentabilidad de estos instrumentos financieros.

Por tanto, aunque el tema de fondo es la reestructuración de la deuda pública a fin de hacer frente a una grave crisis financiera, no se llega tan fácilmente a la conclusión de que el Estado ha ejercido la potestad pública.

Entiende que las modificaciones de las condiciones financieras de los títulos y por ende, el perjuicio alegado por los particulares sólo habría podido ser el resultado de una decisión de la mayoría del sindicato de obligacionistas basada en la cláusula de canje que confirma la intención del Estado griego de mantener la gestión de los empréstitos dentro de un marco normativo de naturaleza civil.

Así, vemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apuesta por la agilización de las reclamaciones otorgando naturaleza civil al asunto.

Arcadio García Montoro. Abogado.