Tras el paréntesis vacacional, la política española ha vuelto al trabajo. El primer pleno ha servido para pasar revista a todos los acontecimientos que han tenido lugar durante las vacaciones. Y la polémica sobre el vaciado de algunos embalses españoles por parte de Iberdrola, no podía falta al Congreso. No obstante, no con el protagonismo que Esquerra Republicana y EH-Bildu esperaban…
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La Mesa del Congreso ha rechazado, este miércoles, admitir a trámite una petición presentada por ERC y Bildu para que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, declarase en la Cámara Baja.
La solicitud, firmada por los portavoces de ambas formaciones, exigía, que Galán explicase “el escandaloso vaciado de pantanos llevado a cabo por Iberdrola, de dudosa legalidad, con el único objetivo de lucrarse produciendo energía más barata en pleno récord de precios de la luz".
Sin embargo, la Mesa del Congreso le ha bajado el pulgar, siguiendo el criterio de los letrados y los precedentes de la Cámara. Las cortes han recordado así, que los presidentes de empresas privadas no son objeto del control parlamentario del Gobierno.
De hecho, la norma suele pasar por que las personas del sector privado sean citadas en una comisión de estudio relativa al tema en concreto donde el Congreso quiera recabar información. Así mismo, la comparecencia de una persona ajena a la Administración sólo es obligatoria cuando la citación procede de una comisión de investigación.
El Gobierno mantiene en pie su investigación
La negativa del Congreso no implica que el Gobierno no este detrás de las operaciones de vaciado de embalses. La propia vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se declaró "escandalizada" y anunció que el Gobierno abrirá una investigación.
Su 'número dos', Hugo Morán, confirmó que Iberdrola ya tiene abierto un expediente por la Confederación Hidrográfica del Duero para comprobar si la empresa eléctrica se ha excedido de los límites de desembalse. De confirmarse una práctica fraudulenta, se le aplicará la debida sanción.
