El fraude de acreedores existe cuando un empresario con deudas cierra su negocio para abrir otro idéntico en una nueva localidad. Así conserva los clientes pero bajo una nueva sociedad. Esta práctica, común durante la antigua ley de suspensión de pagos, tiene graves consecuencias civiles y penales para el empresario, según explica Fernando Redondo García, abogado especialista en derecho concursal de Andersen.

"Mi consejo profesional es acudir a las dos vías que la Ley Concursal facilita al empresario en estas circunstancias", afirma Redondo. Estas alternativas son los acuerdos de reestructuración y el concurso de acreedores, soluciones que permiten "actuar de forma correcta en el mercado sin perjudicar a trabajadores, proveedores o socios".

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SURUS, Segunda Oportunidad con Fernando Redondo

El abogado especialista en derecho concursal explica las opciones legales para empresas en dificultades financieras frente al fraude de acreedores

¿Cuándo aplicar cada herramienta?

Los acuerdos de reestructuración son adecuados cuando "la empresa es económicamente viable y tiene dificultades financieras a corto o medio plazo". Este mecanismo permite modificar tanto activo como pasivo, y ofrece una solución negociada con los acreedores para continuar la actividad.

La ley distingue entre insolvencia inminente (en los próximos meses) e insolvencia probable (en un plazo de dos años). Sin embargo, Redondo reconoce que "esa insolvencia probable que lo dice la ley, que son esos dos años, eso no se lo cree nadie. ¿Quién hace un juicio de previsión a dos años?"

El factor psicológico del empresario

El principal problema es que los empresarios suelen pedir ayuda cuando han agotado todas las posibilidades. "El empresario invierte cuando crea un negocio, en ningún momento piensa que le va a pasar lo que le puede suceder", explica Redondo. Esta realidad complica las soluciones, pues cuanto antes se actúe, mayores son las posibilidades de recuperación.

El estigma del concurso de acreedores

El concurso de acreedores continúa generando rechazo, y se percibe más como un fracaso que como una solución. Este estigma proviene de la antigua legislación, donde términos como "quiebra" implicaban que "el empresario manejaba asuntos turbios". Redondo critica que incluso los medios de comunicación utilizan terminología obsoleta, y perpetuan estos prejuicios.

Dentro del concurso, existe también el convenio para mantener la actividad empresarial. Las reformas legislativas han acortado los plazos, y permiten presentar una propuesta de convenio a los dos meses de iniciar el concurso, para facilitar la continuidad de las empresas viables.