El enfrentamiento judicial entre Andrea Orcel y el Banco Santander sube de nivel. Según la entidad, el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas con directivos del banco, entre ellos Ana Botín, una vez que el Santander se había echado atrás en su fichaje como consejero delegado. “Una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander", según el comunicado remitido.

La entidad ha presentado ante los tribunales su respuesta y oposición a una demanda de 100 millones de euros presentada por el italiano después de ser retirada la oferta para hacerle CEO a principios de año. Santander cambió de opinión diciendo que no podía satisfacer sus demandas salariales.

Además, el banco dice que su carta de oferta original a Orcel no era un contrato como lo exige la ley española. Es la respuesta a la demanda presentada por el exbanquero de UBS en Madrid, alegando incumplimiento de contrato el pasado mayo. Por tanto, Santander entiende que no tiene por qué indemnizarle.

El Santander tenía hasta finales de este mes para presentar su contestación en oposición a la demanda presentada y ha declarado necesario puntualizar una serie de aspectos “ante las filtraciones producidas con la finalidad de generar una imagen distorsionada de los hechos”.

La indemnización por la salida de UBS fue el gran escollo del proceso. “El consejo acordó nombrar consejero delegado al Sr. Orcel el 25 de septiembre tras aprobar una carta oferta que señalaba que si UBS decidía abonar solo parcialmente la retribución diferida o un importe de la misma inferior al que el Sr. Orcel hubiera percibido de permanecer en UBS, el banco pagaría una compensación (buyout) de, como máximo, 35 millones de euros”.

Además, establecía una serie de condiciones y expectativas. Entre otras, se incluía la obligación de Orcel de realizar todo lo posible para reducir el coste que debía asumir Banco Santander. El comunicado explica que Orcel trasmitió en varias ocasiones que lograría reducir esa compensación para que UBS se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad debida.

No hubo acuerdo y el Santander argumenta que dicha carta oferta no es el “contrato que exige la Ley y dicho contrato nunca se materializó”. Es más, “lejos de realizar todo lo posible para que UBS le abonara una parte significativa de las retribuciones diferidas, en el transcurso de la negociación el Sr. Orcel rechazó destinar a reducir el importe del buyout los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento”.

Asimismo, durante el curso de las negociaciones el Orcel incorporó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS derivada de la no percepción de dividendos e intereses por la retribución diferida, cuantificada inicialmente en un importe superior a los 3 millones de euros.