La reforma de la Ley Concursal de 2022 ha marcado un antes y un después en la transmisión de unidades productivas en España, aportando mayor seguridad jurídica pero dejando aún retos importantes por resolver. Así lo explicó Ignacio Alonso-Cuevillas Fortuny, socio codirector de la oficina de Barcelona y director de la práctica de insolvencia y reestructuraciones del despacho López-Ibor de Pascual Marzo Abogados, durante su participación en el programa "Reestructuración y Segunda Vida" de Capital Radio.
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Nos acompaña Ignacio Alonso-Cuevillas Fortuny, socio codirector de la oficina de Barcelona y director de la práctica de insolvencia y reestructuraciones del despacho López-Ibor de Pascual Marzo Abogados. Como siempre con Daniel Barrientos, Responsable Departamento Inmuebles de Surus; y Alicia Tabanera, abogado del departamento de Insolvencias de Surus.
Mayor seguridad jurídica, el gran avance
El punto clave de la reforma fue la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorgó a los juzgados mercantiles competencia exclusiva para determinar la sucesión de empresas en ventas de unidades productivas. "La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial es lo que realmente le dio la competencia para poder cerrar esa inseguridad jurídica que había, y eso realmente lo potenció", destaca Alonso-Cuevillas.
Nuevas opciones para transmitir unidades productivas
La legislación actual contempla varias modalidades para transmitir unidades productivas: mediante oferta vinculante con la solicitud de concurso o el sistema pre-pack, un procedimiento de origen anglosajón. Este último permite preparar la venta antes de la declaración del concurso, evitando el estigma de la insolvencia.
Respecto a los procesos de venta, Alonso-Cuevillas observó un repunte reciente: "En los últimos 6-8 meses se están volviendo a ver otra vez procesos de venta de unidad productiva que yo creo que se habían quedado un tanto estancados en el último año, año y medio".
El desafío de las personas especialmente relacionadas
Uno de los principales obstáculos actuales es la limitación impuesta a las personas especialmente relacionadas (PER) para adquirir unidades productivas sin asumir todas las deudas. "Si eso se consigue aprobar finalmente porque la directiva europea lo aprueba y España lo recoge posteriormente, yo creo que eso sí que potenciará mucho las ventas de unidades productivas", afirmó Alonso-Cuevillas.
El experto concluye que, aunque hay avances significativos, aún queda camino por recorrer para facilitar verdaderas segundas oportunidades que preserven el tejido empresarial y los puestos de trabajo en España.
