Tras más de 200 días en el cargo, la presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha dado explicaciones en el Congreso de los Diputados por los “rescates” del último año a Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra y otras cuantas empresas más.
¿Cuáles son las claves de su discurso? ¿Qué futuro prepara la SEPI para estas firmas?
Escucha la historia completa en este podcast de Mercado Abierto:
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas cuenta con 10.000 millones que tienen que repartirse antes de que acabe el año
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A Gualda le ha costado ir al Congreso de los Diputados, ha tardado 10 meses, desde enero y lo ha hecho “forzada” por el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Unas cuentas públicas que están haciendo desfilar a más de 90 altos cargos de la administración esta semana frente a sus señorías.
Aquí la pregunta era obligada. ¿Qué está pasando con los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas?
De momento, se han concedido más de 1.300 millones de euros en ayudas a 7 empresas y se estudia el “rescate encubierto” de otras 9. Aunque Gualda ha querido dejar claro el mensaje: esto no es el desembolso de dinero a fondo perdido. Son préstamos que tendrán que ser devueltos.
Y sobre dos principios.
Insistía el año pasado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, esto son préstamos que, en última instancia, le permitan al Gobierno “meter mano” en las empresas “rescatadas”.
Influencia en la gestión de empresas como Air Europa, la aerolínea de Globalia que se hizo con 475 millones de euros. Esta ayuda se justificaba por la entonces portavoz del Gobierno y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aduciendo que la firma era (y es) estratégica.
Para salvar a la compañía de los Hidalgo también se estaba estudiando la venta a IAG, la matriz de Iberia. Primero por 1.000 millones, ahora se dice que por 500 (aunque la situación y el tiempo) están dejando “caer” esta operación.
También con problemas anda la asturiana Duro Felguera. Con esta se comprometieron 120 millones de euros. Todavía tiene que recibir 80 millones y, de momento, el Gobierno, ha retrasado dos meses la evaluación de su expediente y aprobación en Consejo de Ministros. En este clima, desde marzo, la firma ha perdido en el Continuo más de un 30% del valor.
Rugui Steel, Ávoris, Tubos Reunidos, la cadena hotelera Hotusa y también Room Mate son otras de las firmas que han pedido dinero al Gobierno.
La aerolínea "fantasma"
Pero ninguna, ninguna, ha suscitado tantos celos como Plus Ultra (la aerolínea que trajo de cabeza al ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y que, dicen, precipitó su salida del Ejecutivo de Pedro Sánchez).
Esa aerolínea de la que usted me habla que, decían desde el Ejecutivo es española y estratégica. Lo primero lo ponía en duda el Partido Popular, Cuca Gamarra. Lo segundo (lo de estratégica), Ciudadanos.
Lo que sabemos hasta ahora es que la inyección de 53 millones va a mano de una empresa controlada por empresarios venezolanos considerados próximos a Maduro y que tiene como acreedora a una sociedad en Panamá vinculada a antiguos testaferros de Rodrigo Rato, el expresidente de Bankia.
Así las cosas, estudiar todos estos expedientes es complicado.
Mucho papel, poco personal, y antes de final de año, la SEPI quiere inyectar 800 millones más a nueve empresas. Y 63 más esperan su rescate estatal como agua de mayo.
Trabajo por hacer
El pasado 15 de septiembre anunció la contratación de asesores externos (financieros y jurídicos) para analizar cuatro operaciones: los rescates de Air Nostrum (103 millones de euros), Siro (100 millones), Técnicas Reunidas (290 millones) y el grupo Areas (120 millones). Entre las cuatro sumaban 613 millones de euros.
Un mes después volvió a contratar a más asesores externos para agilizar los expedientes de otras cinco empresas: Vicinay Marine, Imasa Ingeniería y Proyectos, Ingeniería y Suministros Asturias, Pacadar y eDreams Odigeo que pide 65 millones.
Entretanto, el dinero no llega y el tiempo se agota. Los 10.000 millones de euros, según los estatutos del Fondo de Solvencia tienen que estar repartidos antes del 31 de diciembre (apenas se han trasferido un 13% del total). Quedan apenas dos meses y entretanto, las firmas, se ahogan en espirales de insolvencia.
