El Gobierno dio luz verde el Consejo de Ministros nuevos impuestos: la tasa Google y la tasa Tobin. Desde Oxfam Intermón están a favor de la nueva tasa sobre las transacciones financieras, pero creen que "la recaudación se debería destinar a luchar contra la pobreza".
En contra de estas nuevas tasas, varios expertos han alertado de que se trasladarán al usuario final de una forma u otra.
Estas dos nuevas tasas ya fueron aprobadas por el anterior Gobierno socialista, pero no llegaron al Congreso, por el adelanto electoral.
El impuesto a las transacciones financieras o la mala llamada tasa Tobin, consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas. Solo afecta a aquellas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
Con esta tasa, la recaudación prevista por parte del Gobierno es de unos 850 millones de euros anuales.
Decimos mal llamada tasa Tobin porque no se parece al impuesto original, ideado por el economista estadounidense James Tobin, como explicaban desde Asufin en Capital Radio.
Desde Oxfam Intermón, su responsable de relaciones institucionales, Lara Contreras, explica que ellos llevan años pidiendo un impuesto que grave la especulación de capital.
Por eso celebran que por fin se haya dado un paso hacia la tramitación de esta tasa, pero la consideran "descafeinada". La organización aboga por un impuesto sobre "todas las acciones, derivados y bonos, lo que permitiría recaudar unos 5.000 millones al año como mínimo".
Además, subraya Contreras que ese dinero recaudado con la nueva tasa debería destinarse a luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, tanto dentro como fuera de España.
Es por eso que apunta que "este incremento de la recaudación debe de ir acompañado de un incremento en las partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo, protección social o lucha contra el cambio climático".
La tasa Google es un gravamen del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad on-line, servicios de intermediación y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Afectaría a aquellas compañías que facturen al año más de 750 millones a nivel global y 3 millones en España. Según cálculos del gobierno, la recaudación sería de 1.200 millones de euros.
A efectos, la tasa afectaría sobre todo a las compañías estadounidenses conocidas como GAFA, por el acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon.
España no es el primer país europeo que se plantea una tasa de este estilo. Francia ya la aprobó el año pasado, pero la dejó en suspenso a la espera de que la OCDE elabore un impuesto similar que se aplique a nivel global.
En nuestro país, a efectos también se va a esperar a final de año. Nadia Calviño dice que no es una suspensión, sino que la liquidación va a ser anual.
La institución que preside Ángel Gurría espera tener un borrador del proyecto para junio y que esté aprobado a finales de este año. Algunos gigantes tecnológicos, como Facebook, si aceptarían una regulación internacional.
Los avances en distintos países para comenzar a cobrar este impuesto han provocado la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado en varias ocasiones con imponer aranceles a productos europeos.
Para Oxfam Intermón, este impuesto digital es un avance, dado que consideran que las normas fiscales no están adaptadas a la economía digital de hoy en día. Pero también abogan por llegar a un acuerdo a nivel mundial.
"La aprobación de la tasa Google en España debe entenderse, igual que se ha aprobado en otros países, como algo temporal de cara a lograr un consenso multilateral".
En este sentido que las negociaciones dentro de la OCDE "avancen hacia un acuerdo ambicioso y justo".
¿Cómo pueden afectar a los consumidores?
Desde hace tiempo, Ametic viene alertando de que una tasa digital afectará a los usuarios y al crecimiento de la economía.
Según un informe elaborado por PwC a petición de Ametic y Adigital (presentado en enero de 2019), el impuesto tendrá un impacto negativo en el Producto Interior Bruto español de hasta 660 millones de euros, con los consumidores y las pymes como los más perjudicados.
El estudio señala que el coste que tendrá el impuesto será transferido a las empresas usuarias de los servicios afectados. Estas a su vez trasladarán una parte al precio final que paga el consumidor.
La directora general de AMETIC, Teresa Gómez, señalaba en Capital Radio que el impuesto afectará a la innovación y la productividad del país, pero además "España se va a situar en una posición de desventaja respecto al resto de países".
Eso es algo que se evitaría si finalmente la OCDE propone un proyecto común de gravamen y se aplica el mismo en varios países.
En cuanto a la tasa Tobin, algunos expertos han señalado que los bancos acabarán repercutiendo el coste a sus clientes. De hecho algunas entidades ya han reconocido que así lo harán.
Es el caso de Bankinter; Marta Centeno, directora de Productos, Mercados y Desarrollo Corporativo de la entidad reconocía en octubre que trasladarán la Tasa Tobin al cliente, si la regulación lo permite.
Como sucede con el caso de la tasa digital, este impuesto a las transacciones financieras suscita un encendido debate en otros países, no solo en España. La Unión Europea lleva una década intentando sacarla adelante.
Otros países se están adelantando, como es el caso de Alemania o Francia (además de España).
En 2013, con reticencias de Reino Unido y de Polonia, los ministros de Finanzas de la UE daban luz verde para permitir a 11 países del bloque la aprobación de esa tasa.
Por ese entonces, el Instituto Alemán para la Investigación Económica, calculaba que se podría recaudar 37.000 millones de euros al año en los países que habían decidido a adoptarla (España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Austria, Grecia, Estonia, Eslovenia, y Eslovaquia).
Ese primer intento fracasó, pero diez países, sin Estonia, decidieron continuar. Recientemente, Austria ha dejado el grupo porque considera que la norma que regula la tasa no es lo suficientemente ambiciosa.
Ahora Berlín, que espera ingresar 1.500 millones al año a partir de 2021, que empleará para subir las pensiones, apremia a otros países para que aceleren en la creación de la tasa.
En Francia ya está vigente desde 2012 y en 2018 el Tribunal de Cuentas francés alertaba de que su recaudación era escasa y de que su pago recaía en los inversores y no en las entidades financieras.
El economista estadounidense James Tobin propuso en 1972 una tasa sobre las transacciones de divisas que permitiera gestionar la volatilidad de tipo de cambio. Por su trabajo recibió el Premio Nobel de Economía en 1981.
