El juez encargado de la investigación del “Caso Tándem-Villarejo”, Manuel García Castellón, ha decidido suspender este viernes la comparecencia como imputado de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, ante la Audiencia Nacional por los supuestos trabajos de investigación y espionaje al presidente de ACS, Florentino Pérez. Trabajos que, supuestamente, le encargó al excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.
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Sánchez Galán no se sentará por el momento ante los tribunales para aclarar los cargos de los que le acusa el juez. Como respuesta, Iberdrola ha solicitado un informe de nulidad ya que sigue pendiente la resolución de la situación procesal de la empresa dentro de la causa.
Y es que el papel que juega Iberdrola en la investigación es “compleja” ya que no está imputada en la causa ni personada como acusación particular. La compañía lamenta a través de un comunicado que “se encuentra en una situación de indefensión”.
El magistrado encargado del caso también ha aplazado las citaciones por un supuesto delito continuo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al número 2 de Iberdrola, Francisco Martínez, y al expresidente de la filial española de la eléctrica, Fernando Becker, para los días 6 y 7 de julio.
Recordar que en la últimas semanas, Iberdrola ha dicho “sufrir desgaste desde 2018 por el caso Villarejo”, pero a pesar de ello mantienen con firmeza su intención de colaborar con la Justicia.
Repsol y CaixaBank: ¿en peligro?
En el marco del “Caso Tándem” también suenan como telón de fondo los nombre de Repsol y CaixaBank porque este viernes el titular del juzgado ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción si sigue adelante con la imputación de Repsol y CaixaBank por la supuesta la supuesta contratación del comisario Villarejo por parte de sus directivos en el año 2011 con el fin de investigar al expresidente de Sacyr, Luis Del Rivero.
El escrito realizado la acusación de Del Rivero, Jaime Campaner, considera que es “inevitable” la solicitud de investigación de las personas jurídicas que mantuvieron relación con el excomisario para aclarar lo sucedido.
