La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pasa a la ofensiva y desembolsa más de 160 millones de euros para hacerse con un 10% de Indra, lo que eleva la posición del Estado en el capital social de la tecnológica hasta el 28%.
El objetivo es reforzar el control del Gobierno sobre la firma en un momento especialmente delicado para los programas europeos de Defensa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la salida de Corporación Financiera Alba (Familia March).
"Dicha decisión responde al renovado compromiso del Estado con una compañía que recientemente ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de nuestro país y de nuestros aliados más cercanos", justifica la presidenta de SEPI, Ana Belén Gualda, en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La decisión se debe, según el comunicado, a "dotar a INDRA de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos".
Importancia del FCAS
Indra ha sido designada como coordinadora industrial de la participación española en el proyecto europeo Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), un programa "crítico", recalca el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado en el que pone en valor la importancia de la cotizada "en clave de soberanía, desarrollo tecnológico e industrial y creación de empleo de alta cualificación".
