El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al banco BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido investigar a la entidad como persona jurídica en el caso de encargar el espionaje a la constructora Sacyr contratando los servicios de Cenyt, la empresa del comisario jubilado, José Manuel Villarejo.
Esta imputación implica más a la entidad en el caso Villarejo. En diciembre de 2010 se creaba un artículo de ley en el Código Penal que establecía que una empresa puede cometer un delito cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita. La condena a estas empresas no puede ser de prisión, pero sí pueden ser castigadas con importantes multas.
El pasado 3 de julio ya fueron imputados ocho directivos y exdirectivos del BBVA por la Audiencia Nacional. Los pagos realizados, que superaban los 10 millones de euros, eran sospechosos de ser ilícitos e implicaron, entre otros, a Ángel Cano, exconsejero delegado de la entidad; Javer Malagón Navas, director de Finanzas; Ricardo Gómez Barredo, exdirector de contabilidad; Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial en España; y Antonio Béjar, el que hasta el pasado viernes fue presidente de Distrito Castellana Norte..
“Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, ha apuntado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en un comunicado remitido a los medios de comunicación
Caso Tándem
Esta pieza sería la novena de la causa Tándem, que ha sido muy compleja y ha ido creciendo a medida que avanzaba la investigación. Algunas fuentes jurídicas aseguran que podría considerarse una causa en sí misma debido a que existe una abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la empresa de Villarejo habría desempeñado para el BBVA desde 2004.
La “operación Trampa” es la más conocida y consistió en frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
El excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el exministro de Industria, Miguel Sebastián.
Tras hacerse públicos los negocios con Villarejo, Francisco González presentó su renuncia al cargo de presidente del BBVA y la nueva presidencia encargó una investigación interna para aclarar los hechos.
